Con el objeto de llevar la salud a domicilio a personas mayores de 65 años, y de igual manera a personas con discapacidad, la Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presentó una Iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado.

Indicó en su exposición de motivos que, el derecho al “grado máximo de salud que se pueda lograr”, exige un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

El goce del derecho a la salud -dijo- está estrechamente relacionado con el de otros derechos humanos, tales como los derechos a la alimentación, la vivienda, el trabajo, la educación, la no discriminación, el acceso a la información y la participación. (Organización Mundial de la Salud, 2022).

La Congresista local subrayó que, como Estado se tiene la obligación de adoptar medidas concretas, deliberadas y específicas, con la finalidad de agotar todos los recursos que se disponen, con el objetivo de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la salud.

Agregó que, al considerarse un derecho humano, el derecho de la protección de la salud tiene y debe ser, una prioridad en cuanto a temas legislativos, por lo que es necesario llevar a cabo estrategias que ayuden a garantizar la prevención de la misma.

Según el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Baja California existen 245 mil 280 adultos mayores de 65 años, lo que equivale a un 6.5 por ciento de los habitantes.

Así mismo, se señala que existen en el Estado 541mil 359 personas con discapacidad, con limitación en la actividad cotidiana o con algún problema o condición mental, siendo el 14.4 por ciento de la población de Baja California.

Por tales motivos, puntualizó que es necesario ampliar las consultas domiciliaras a las personas adultas mayores y discapacitadas, para facilitar que los expertos acudan a sus domicilios, y les sean otorgados los servicios de salud que por derecho les corresponde, ya que, de esta manera, estaremos respetando a su vez, el derecho a que exista una inclusión.