Para generar los mecanismos de seguimiento y vigilancia que garanticen a las personas adultas mayores acceder a un trabajo formal que cuente con seguridad social y las prestaciones de ley que les correspondan, con la finalidad de erradicar la discriminación, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, propuso una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California.

En la exposición de motivos, indicó que la Seguridad Social ha sido entendida como la manera en que el Estado tiene no sólo el deber, sino la obligación de atender y proteger a la sociedad, en especial a los grupos vulnerables, dentro de los que encontramos a las personas mayores de 60 años; en este sentido, la sociedad demanda la solución de sus problemas en dos rubros principalmente la salud y economía.

La diputada Corral Quintero manifestó que en el artículo 123, apartado A, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ordenamiento reglamentario, se dispone que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá los seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.

Y es que con base en lo que estima el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la población con edades de 65 y más, que viven en situación de pobreza alimentaria, asciende a 939 mil personas, de las cuales no trabaja 57.6 por ciento y sólo 19.5 por ciento de esta población está jubilada o recibe alguna pensión; “motivo por el cual debemos hacer lo propio desde lo que nos compete que es legislar para proteger a los sectores vulnerables y, en este caso, específicamente a los doblemente vulnerables como son los Adultos Mayores”, aseveró.

“De todo lo antes expuesto, esta iniciativa busca que el Estado de Baja California cuente con una política de bienestar que permita a las personas adultas mayores reincorporarse al ámbito productivo, en condiciones dignas, apropiadas a su edad y a sus condiciones sociales y de salud”, finalizó.