Con el objetivo de que la industria hotelera y el de las aplicaciones que ofrecen habitaciones en viviendas para uso vacacional, se sumen a lucha contra el tráfico de personas y que no se conviertan en focos de riesgo para niñas, niños y adolescentes, relacionado al tráfico sexual infantil, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa mediante la cual se adicionan diversos capítulos al Código Penal para el estado de Baja California. 

En la propuesta, que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la legisladora considera que es necesario que en el Código Penal estén ampliamente tipificados los delitos que impactan los derechos de niñas, niños y adolescentes para protegerlos de los delitos sexuales, mejorando los mecanismos de prevención, pero también de investigación y sanción a las personas que los cometan.

Externó que México es uno de los países que encabezan las modalidades asociadas a la trata de personas, principalmente la explotación sexual infantil y corrupción de menores, cabe recordar que en 2018, ocupó el primer lugar a nivel mundial en consumo de pornografía infantil, así como el segundo lugar en producción y distribución mundial en América Latina de este material, por su parte la CNDH  estima que el número de personas víctimas puede alcanzar entre 50 mil y 500 mil, datos que son sumamente alarmantes. 

Otro punto importante -dijo-, es reconocer que en el negocio del turismo se ha detectado que en ocasiones se propician estos delitos, máxime en hoteles, moteles, establecimientos de renta por plataformas de internet como Airbnb, que si bien es cierto las personas prestadoras de estos servicios turísticos no son responsables de las conductas de los clientes, sí pueden incidir para evitar dichos ilícitos, por lo que la diputada Araceli Geraldo subrayó la importancia de insistir en el tema de la protección de los menores para reducir de manera integral y eventualmente eliminar la trata infantil, sobre todo en zonas turísticas, como son las ciudades de Tijuana, Rosarito y Ensenada en el estado. 

“Debe de actuarse de manera rápida y sólida a través de los tres órdenes de gobierno, entre las acciones que pueden realizarse son la coordinación interinstitucional, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, con las cadenas hoteleras y empresas de hospedaje, para buscar un código de conducta, acciones, intervenciones, entre otros, a efecto de aminorar la incidencia delictiva de esta índole, por lo que consideramos que los prestadores de servicios turísticos, deben de estar obligados a poner en marcha un protocolo de acción que proteja a las y los menores”, finalizó.