Ante las irregularidades administrativas por más de 500 millones de pesos que se detectaron en el gobierno de Jaime Bonilla durante los dos únicos años de su administración el Congreso de Baja California rechazó las Cuentas Públicas 2020 y 2021.

Por la gravedad en el manejo del erario detectadas en la fiscalización de los auditores, se procederá presentar denuncias penales en la Fiscalía General del Estado y quejas administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

La Auditoría Superior del Estado señaló entre los principales hallazgos un déficit presupuestal por 210 millones 546 mil pesos, la contratación directa, sin Licitación Pública, de bienes y servicios a 29 proveedores por 510 millones de pesos y la falta de evidencia de recepción por 13 millones de pesos de colchonetas, desayunos y equipos de cómputo durante pandemia, tiempo en el que se registró la cancelación de clases en escuelas públicas. Los secretarios de Educación en esos periodos fueron Catalino Zavala y Solís Benavides, quienes en la actualidad fungen uno como secretario General de Gobierno y el otro como titular de la misma entidad pública en la administración de Marina del Pilar Ávila.

Se incumplió con las leyes de Hacienda y de Ingresos del Estado de Baja California al omitir el pago de impuestos sobre la recaudación del Impuesto a las Remuneraciones al Trabajo Personal del Fideicomisos Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) por 191 millones 490 mil pesos, un adeudo al Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California (FITUR) por la recaudación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje por 184 millones de pesos y el pago ilegal de 274 mil pesos por trabajos no ejecutados

La administración de Bonilla Valdez mantuvo en su contabilidad a cinco fideicomisos con un saldo contable de 6 millones 115 mil pesos, al 31 de diciembre de 2021, sin que se hayan realizado las gestiones para iniciar el proceso de extinción, tampoco se proporcionaron las conciliaciones mensuales de dos fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos con un saldo contable de 15 millones de pesos.

En el gobierno de Jaime Bonilla se otorgó el mismo día que se contrató a 136 empleados de la burocracia y a 50 empleados se les basificó en menos de un año, lo que contraviene la Ley del Servicio Civil.

Además de la falta de integración de la población objetivo y la atendida, desagregada por sexo y grupo de edad en los padrones de beneficiarios de programas sociales del Bienestar, no hay registro en pasivo de contrato plurianual de la Planta de Generación de Energía Fotovoltaica de compra-venta de energía eléctrica por 37 mil 529 millones de pesos ni tampoco el expediente administrativo sobre la situación jurídica del contrato plurianual, constancias de inversión firmadas por el gobierno estatal sobre gastos realizados por el proveedor sin evidencia física por 6 mil 493 millones de pesos.

Se detectaron 73 cuentas bancarias inactivas por un importe neto de 24 millones 281 mil pesos y 23 cuentas de instituciones bancarias con saldos contrarios a su naturaleza por 577 millones de pesos.

De la revisión de las cuentas por pagar se presentaron observaciones por un saldo antiguo en cuentas de pasivos por 423 millones de pesos, así como una Nómina de Bono variable sin retención del Impuesto sobre la Renta y sin normatividad para otorgar esa prestación por 9 millones de pesos.

Además de la falta de estados financieros del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Operación del Programa Escuelas de Calidad (FIPEC) incorporado en la contabilidad de la Entidad por 191 millones de pesos.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico, la morenista Alejandra Ang, advirtió que las observaciones son recurrentes, algunas de ellas son faltas graves que no se atendieron y recordó que inició la Legislatura, en 2021, se encontraron situaciones que se convirtieron en denuncias penales como es el caso de la planta de generación de energía fotovoltaica que se hizo de manera irresponsable.

Le legislador de Morena comentó en entrevista que al revisar las cuentas públicas se busca ir mas allá de la denuncia e investigación sino acercarse a las entidades para saber por que no se atienden las observaciones recurrentes, ya que muchas veces son graves y ameritan una denuncia penal o sanciones administrativas.

Ang dijo que en esa Comisión en la que participan las diputadas morenistas Michel Sanchez Allende y Araceli Geraldo, la panista Amintha Briceño, y el petista Julio Cesar Vázquez, se han revisado las Cuentas Publicas 2019, 2020 y 2021 y hay antecedentes de temas recurrentes.

En tanto, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, diputada Alejandrina Corral, se pronunció porque se de seguimiento a las observaciones y vayan más allá de aprobar o no las Cuentas Públicas porque se trata solo de un castigo público, sino ver qué pasa con el Órgano Interno de Control o si la Secretaría de la Honestidad está a gusto en su escritorio ya que su obligación es saber si hay presunción de un delito o una falta grave

No he visto juicio político ni denuncia penal o administrativa de lo que se hizo la Auditoria Superior del Estado porque la situación va a seguir igual si ve que no pasa nada con los funcionarios porque debe haber algún sancionado ya que la única manera de inhibir los delitos y la corrupción es que haya sanciones.