Las y los diputados integrantes de la XXIV Legislatura, aprobaron la emisión de un exhorto dirigido al Congreso de la Unión con el fin de solicitar que se legisle en materia de Inteligencia Artificial, en virtud de la ausencia de regulación ante el uso de dicha tecnología.

La diputada inicialista Daylín García Ruvalcaba, refirió la necesidad de implementar regulaciones sobre esta tecnología (I.A.), que permita a los ciudadanos utilizarla con responsabilidad, y garantizar la salvaguarda de los derechos de las personas, en lo que concierne a la protección de datos personales.

Dentro de las capacidades de la inteligencia artificial resaltan la de automatizar una amplia gama de tareas, desde asistente virtual, realizar análisis exhaustivos de bases de datos, reconocer y generar imágenes y voz, efectuar traducciones instantáneas de idiomas, predecir comportamientos, entre otras tareas que hasta hace algunos años eran exclusivas de los seres humanos.

“Nos encontramos ante un escenario inédito en el que los humanos se enfrentan por primera vez a la competencia de entidades no humanas”, enfatizó Daylín García.

  Entre algunos sistemas generativos de I.A. se encuentran el DALL-E y Stable Diffusion, que genera imágenes a partir de textos, Make-A-Video, para la conversión de texto a video, y modelos de lenguaje como Chat GPT, entre otros.

En abril de 2021, la Comisión Europea presentó una clasificación de riesgos que varían en función de la amenaza que representan. En primer lugar, se encuentra el riesgo inaceptable, que se refiere a los sistemas que pueden manipular cognitivamente a las personas o grupos vulnerables, como los sistemas de puntuación social y de identificación biométrica en tiempo real.

En segundo lugar, el nivel de riesgo alto, que son los sistemas que pueden afectar negativamente los derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, aquellos que pueden comprometer la integridad física, como juguetes, aviones, automóviles, dispositivos médicos, etc. Por último, se encuentra el nivel de riesgo limitado, que implica el cumplimiento de requisitos mínimos de transparencia que permitan a los usuarios tomar decisiones informadas sobre su uso.

  Daylín García puntualizó que a nivel mundial se están concretando avances legislativos en esta materia, “México no puede quedarse rezagado, resulta de suma importancia garantizar la protección de los usuarios de estos sistemas frente al riesgo que con lleva su uso”.