CONGRESO DE B.C. APRUEBA REFORMA A LA LEY ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Con el objetivo de incorporar los principios de disciplina y rendición de cuentas, en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), las y los diputados aprobaron por unanimidad, la iniciativa propuesta por la diputada de MORENA, Rocío Adame Muñoz.
Para motivar su pretensión la congresista argumentó la necesidad de reforzar y mejorar la labor gubernamental de los servidores públicos involucrados para el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creado él SEA.
Añadió que la Carta Magna en su artículo 133, dispone que las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del SEA, los entes públicos tienen la obligación de establecer y mantener condiciones que permitan el buen funcionamiento del Estado, así como la ética y responsabilidad en cada uno de los servidores públicos.
“En razón de lo anterior consideramos necesario agregar a la normatividad estatal dos principios esenciales en materia de combate a la corrupción, siendo estos el de disciplina y el de rendición de cuentas”, dijo Adame Muñoz.
Explicó que el concepto de disciplina en el servicio público se refiere a que los servidores públicos cumplan con sus deberes y obligaciones, y desempeñen su trabajo de manera ordenada, metódica y perseverante, con el objetivo de obtener los mejores resultados en el servicio que se ofrece al público.
Mientras que la rendición de cuentas implica que los servidores públicos asumen la responsabilidad frente a la sociedad y a las autoridades. Esta noción se deriva del ejercicio de sus funciones y se manifiesta en la información, explicación y justificación de sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio de la ciudadanía.
Rocío Adame agregó, que estos principios guardan estrecha relación con el mandato de la Constitución de Baja California, en relación a que toda persona servidora pública, de cualquier naturaleza en la Administración Pública, Estatal o Municipal, es responsable de sus actos u omisiones en lo que incurra en el desempeño de sus respectivas funciones.
