El Diputado Román Cota Muñoz, presentó una Iniciativa de Ley para Fomentar la Donación Altruista en Materia Alimentaria en Baja California, con el objeto de que se reconozca el acceso a la alimentación como un derecho humano.

La seguridad alimentaria -dijo- es un factor vital para el desarrollo integral de las personas; constituye una obligación que se debe vincular en primer orden a los Estados, misma que debe ser atendida con urgencia, para proteger las generaciones presentes y futuras del hambre y la pobreza extrema.  

Subrayó que la desigualdad social y la pobreza son aspectos que influyen directa y negativamente en la seguridad alimentaria. Y la falta de recursos económicos, de empleo y de oportunidades genera que la población, en general la más pobre, no tenga acceso a los alimentos básicos causándole una situación de riesgo y vulnerabilidad.  

Al vincular el derecho a una alimentación adecuada dentro del campo de los derechos humanos, estamos suponiendo que la falta de implementación de medidas que aseguren la alimentación de las personas o colectivos, conllevaría una trasgresión directa sobre la dignidad e integridad de las mismas.   

El legislador mencionó que, si se considera al derecho a la alimentación como un derecho humano, conlleva en principio, que este tenga las mismas características de aquellos; siendo todas las personas el titular de este derecho, cuyo principal objetivo, es atender las necesidades fisiológicas en cada una de las etapas del ciclo vital para garantizar la salud y el desarrollo integral.  

La Declaración Universal en su artículo 25, hace referencia al derecho que toda persona, así como su familia, tiene a que se le garantice un nivel adecuado de vida, a través de rubros específicos como salud, alimentación, vivienda, servicios sociales, entre muchos otros. 

Por su parte, el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales reitera la protección a este derecho y además reconoce expresamente el compromiso que deben asumir las naciones para erradicar el hambre, así como asegurar una distribución equitativa de los alimentos. 

Nuestro país reconoce el derecho a la alimentación, como un derecho humano fundamental, así lo dispone el artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

Por último, la presente iniciativa se encuentra acorde a la recomendación a la legislación estatal dentro de la Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, la cual fue elaborada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para dar seguimiento a la implementación de dicha Agenda, cuyo fin es transversalizar la perspectiva de sostenibilidad en el marco normativo federal, para volver realidad el desarrollo sostenible en México.