Acusan a Erika Rivera Rodríguez de ser la responsable de liberar a los seis oficiales que secuestraron a un empresario y a su hijo.
De acuerdo con una denuncia, Jessica Rivera Rodríguez, agente del Ministerio Público adscrita a la unidad de investigación especializada en combate al secuestro, fue la responsable de seguir la investigación contra los seis policías municipales de Tijuana que secuestraron al empresario Elías Mota y a su hijo, así como también fue la responsable de liberarlos a horas de su detención.
El empresario realizó una denuncia formal contra Rivera por incurrir en abuso de funciones al realizar omisiones para generar un beneficio indebido a terceros, así como entorpecer la administración de Justicia. Elías afirma que desde el pasado 10 de septiembre se contaba con todos los elementos necesarios para las órdenes de aprehensión contra los elementos.
En la denuncia formal, Elías relata que inició todo el proceso contra los policías el cuatro de julio, y a partir del día siguiente empezó a ver irregularidades en su caso, ya que no respetaron su derecho de mantenerlo informado, le fue entregado un acuse sin sello y sin el número único del caso, lo trataron de convencer durante cuatro horas de no tener una asesoría jurídica y su abogado tuvo que movilizarse para obtener información.
Después de esto, se enteraron de que los responsables del secuestro fueron los oficiales, y que la esposa de uno de ellos; Eduardo Herrera Alatorre, jefe del grupo de inteligencia que lideró el secuestro, tenía una relación amistosa con Rivera y con varios del Ministerio.
De acuerdo con la información, Rivera atrasó las órdenes de aprehensión y su ejecución con el fin de beneficiar a los incriminados, ya que se esperó a que un juez federal ejecutara una orden de suspensión, para poder ejecutar la orden de aprehensión cumpliendo su deber, pero garantizando que los oficiales quedaran en libertad.
Además, se señala que debido a las omisiones de Jessica Rivera Rodríguez, los presuntos responsables se encuentran prófugos de la justicia, ya que dejaron de acudir a sus labores, la corporación desconoce su paradero y al menos 3 de ellos en fechas recientes intentaron ingresar a Estados Unidos, causando que sus visas fueran canceladas.