Mexicali, B.C., lunes 18 de noviembre de 2024.- Con el fin de garantizar que los recursos destinados a la seguridad social sean entregados de manera puntual y sin desvíos, protegiendo los derechos de las y los trabajadores, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja propone sancionar con penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación permanente a los servidores públicos que incumplan con las obligaciones relacionadas con las aportaciones y cuotas al ISSSTECALI.

Para ello, plantea que las aportaciones de las dependencias y entes obligados sean realizadas directamente por la Secretaría de Finanzas, utilizando las partidas del presupuesto de egresos del Estado, al igual las cuotas retenidas del salario de los trabajadores.

En el caso de los municipios, será responsabilidad del titular de la tesorería o del área de finanzas realizar estas transferencias, asegurando la correcta gestión de los recursos públicos.

Al motivar su proyecto Yohana Gilvaja refirió que la crítica situación financiera del ISSSTECALI tiene sus raíces en decisiones tomadas durante gobiernos neoliberales, donde los titulares del Instituto eran designados sin apego al perfil requerido, utilizándose como un espacio de compensación para políticos sin cargo, lo que resultó en una gestión deficiente y una falta de interés gubernamental en su funcionamiento.

A lo largo del tiempo, la Junta Directiva del ISSSTECALI sufrió cambios que alejaron al Poder Ejecutivo de la supervisión directa del Instituto. La presidencia pasó a ser una designación delegada, lo que facilitó la falta de rendición de cuentas y permitió que directores sin preparación adecuada asumieran el control.

Actualmente, el principal deudor del ISSSTECALI es el Ayuntamiento de Ensenada, responsable de casi el 50% del pasivo total, otros municipios y dependencias estatales también contribuyen al problema, acumulando deudas que han minado la estabilidad financiera del Instituto y puesto en riesgo los derechos de las y los trabajadores.

“La iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTECALI tiene como objetivo que el Instituto recupere el flujo de efectivo necesario para cumplir con las obligaciones en curso, reduciendo el impacto del incumplimiento de los sujetos obligados en sus finanzas y, lo más importante, en los derechos y el bienestar de las y los trabajadores", enfatizó Yohana Gilvaja en su posicionamiento desde la tribuna del Pleno.