La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa por la cual propone que el Congreso del Estado promueva ante el Congreso de la Unión, reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de que se proteja con mayor eficacia a las y los menores de edad, cuando se vean envueltos en procedimientos legales y con ello evitar que la victimización secundaria o revictimización.

En la iniciativa que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se menciona que va enfocada a la protección de las niñas, niños y adolescentes, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece un marco legal que protege los derechos de los menores, reconoce su condición especial y la necesidad de garantizar su bienestar y desarrollo integral.

Señaló que hay casos judiciales que han sido del conocimiento público, en donde las y los menores, se han visto relacionados como víctimas o como testigos, por lo que en diversas ocasiones tienen que someterse a la posibilidad de encarar a las personas que sean imputadas y que pueden colocar al menor en un estado de vulnerabilidad que lo lleva a la revictimización.

La legisladora explicó que la victimización secundaria o revictimización se entiende como una amenaza en contra de la seguridad de las y los menores, que conlleva consecuencias negativas a largo plazo, como la presencia de sentimientos nocivos (miedo, autocompasión y/o culpabilidad), sensación de impotencia personal e incluso, efectos traumáticos que le impidan lograr un sano y pleno desarrollo.

Por ello señala que proteger el interés superior del niño, niña y adolescente, conlleva un deber de protección por parte de todos los involucrados en el proceso penal, el cual reitera la necesidad de tomar medidas adicionales a favor de la infancia en la materia y se proyecta en dos dimensiones: la primera, consistente en la protección en contra de todo sufrimiento, situación de riesgo o tensión innecesaria (incluyendo intimidación, represalias y victimización secundaria o revictimización) y la segunda, en cuanto a la protección contra la discriminación.

La inicialista solicita que una vez que sea aprobada esta iniciativa por la XXV Legislatura del Estado de Baja California, se remita formalmente al Congreso de la Unión para su trámite correspondiente.

Asimismo, una vez que sea aprobada por el Congreso de la Unión, sea remitida al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).