En sesión ordinaria, la diputada Daylín García Ruvalcaba, presentó un exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, General Brigadier Estado Mayor Laureano Carrillo Rodríguez, a informar de manera inmediata a esta Soberanía el plan de seguridad pública actualmente implementado y los resultados obtenidos en materia de prevención y combate a la delincuencia.
La legisladora subrayó que Baja California enfrenta una crisis de inseguridad sin precedentes, siendo el segundo estado con mayor número de homicidios dolosos en el país durante 2024, con más de 2,368 asesinatos, lo que representa un promedio de 6.5 homicidios diarios. Tijuana concentró el 75% de esos casos, y Mexicali ha experimentado un preocupante incremento de crímenes violentos.
“A pesar de los cambios en el gabinete de seguridad y los esfuerzos de coordinación federal, los ciudadanos siguen viviendo con miedo y la violencia continúa en aumento”, indicó.
Daylín García advirtió que, pese a un presupuesto superior a los 4 mil millones de pesos para seguridad en 2025, solo el 0.03% se destinó a prevención del delito, lo que evidencia la falta de un enfoque preventivo y contribuye al avance de la delincuencia organizada en Baja California.
Enfatizó que los feminicidios continúan aumentando, pasando de 21 casos en 2021 a 34 en 2024, lo que demuestra que no se han tomado las medidas necesarias para erradicar esta forma extrema de violencia. Ante este panorama, hizo un llamado urgente a replantear las prioridades en materia de seguridad, exigir resultados y garantizar que los recursos públicos se enfoquen en proteger a la ciudadanía.
El exhorto solicita que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presente el plan actual para contener la delincuencia, detallando estrategias, metas y plazos claros, además de rendir un informe sobre los avances en inversión tecnológica, fortalecimiento policial y coordinación con la Fiscalía para la operación del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Calidad y Contacto Ciudadano (C5).
Después de su análisis en el Pleno, se determinó que el punto de acuerdo fuera turnado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, con el fin de establecer una mesa de trabajo con las partes involucradas y dar un seguimiento más profundo y puntual a este tema de vital importancia para el estado de Baja California.