El Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, indicó que, con su iniciativa de reforma al Código Penal del Estado busca dar un paso firme hacia la prevención real de la violencia de género, con la implementación obligatoria de brazaletes de monitoreo electrónico dual en casos de riesgo, para proteger tanto a la víctima como para vigilar al agresor.
Añadió que es una herramienta probada, efectiva y urgente, al emitir un posicionamiento, relativo a su iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal del Estado y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia Estatal.

“No estamos aquí para culpar a las víctimas, ni para revictimizarlas. Sabemos que muchas mujeres permanecen en círculos de violencia por razones emocionales, económicas o familiares. Esta herramienta no limita su libertad; la protege. Porque incluso cuando una mujer perdona, el Estado no puede bajar la guardia”.
Citó el caso de Daryela Valdez Rocha, asesinada en 2023 después de haber perdonado a su agresor, “nos duele profundamente” y cuestionó sobre qué hubiera sucedido, si el Estado hubiera tenido la facultad de actuar, aún en contra de esa decisión personal. “Tal vez hoy estaría viva”, por lo que hizo hincapié en que su intención es evitar más historias como la de ella.

Por ello, con su iniciativa el Diputado Humberto Valle plantea entre otras bondades, que el Ministerio Público tenga la facultad de ordenar el uso de estos dispositivos de manera inmediata, sin esperar una sentencia judicial, en concordancia con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “porque en casos de alto riesgo, los minutos salvan vidas”.

Luego refirió que, en Coahuila, estos brazaletes ya han demostrado ser una medida eficaz para evitar feminicidios. Debido a que cuando se establece una distancia mínima obligatoria entre víctima y agresor, y se cuenta con una alerta inmediata en caso de violación, el Estado puede actuar a tiempo.
Así mismo, subrayó que Baja California no puede quedarse atrás, “tenemos la responsabilidad, la facultad y, sobre todo, la obligación moral y jurídica de hacer todo lo que esté en nuestras manos para proteger la vida de las mujeres, y asignar recursos a esta medida no es un gasto, es una inversión en justicia, en seguridad, en vida”.
Finalmente, puntualizó: “Les pido su respaldo (diputaciones), porque cada día que postergamos una decisión como esta, es un día más en el que una mujer corre peligro. Y hoy, tenemos la oportunidad de hacer historia y de colocar a nuestro Estado en la vanguardia de la protección efectiva contra la violencia de género”.