La Diputada Julia Andrea González Quiroz, presentó una Iniciativa de reforma a cuatro artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y se turnó para su estudio a la comisión del ramo.
Mencionó que es importante clarificar con esta reforma, que cada Comisión Dictaminadora pueda identificar si requiere de un estudio de impacto presupuestario, y que se solicite respuesta de la Secretaría de Hacienda del Estado, pues se requiere contar con todos los elementos jurídicos y presupuestales necesarios.

Del análisis hecho con acompañamiento de la Auditoría Superior del Estado, que se planteó con antelación, la Legisladora de Morena vuelve a considerar con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera y en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, ambas del Estado, que toda iniciativa de ley o de decreto, y sus correspondientes reformas que impliquen costos para su aplicación por parte del Estado o los Municipios, se encuentra sujeta a su viabilidad financiera.
Esto, en virtud de que es obligación incluir en un dictamen de Ley, una estimación del citado impacto, la cual debe ser emitida por la Secretaría de Hacienda en sus ámbitos de competencia, con el propósito de conocer si el Estado tendrá la capacidad financiera de afrontar lo que conllevan dichas disposiciones, y velar así por el cumplimiento del principio de balance presupuestario sostenible que se contempla en la legislación.

Por ello, Julia Andrea González propone que toda Iniciativa que sea presentada al Congreso del Estado, e implique el aumento o disminución de recursos públicos para los Entes Públicos, la creación de nuevas obligaciones financieras para el Estado, o costos para su implementación, debe acompañarse de la opinión de la Secretaría de Hacienda en sus respectivos ámbitos de competencia, que contenga la estimación del impacto presupuestario que determine su viabilidad financiera.

Entonces, si una propuesta no contempla esa opinión y esto se advierte en su análisis, esta podrá ser desechada por la Comisión competente del Congreso del Estado, por lo que se busca que cada inicialista o solicitante, realice la labor previa de acudir ante la Secretaría de Hacienda, para solicitar la opinión que debe acompañar a su iniciativa.