En Sesión Ordinaria del Congreso del Estado, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó un posicionamiento a favor de la construcción de espacios y principios rectores en materia de participación ciudadana, para garantizar que sea plena, inclusiva y efectiva en los procesos democráticos.
Enfatizó la relevancia de construir la democracia desde la pluralidad, implementando mecanismos que permitan a los ciudadanos ejercer sus derechos políticos sin enfrentar barreras ni discriminación, asimismo resaltó que la participación ciudadana es un pilar esencial para fortalecer la democracia, garantizando que la voz de la ciudadanía se traduzca en decisiones colectivas que guíen la vida pública del Estado.

En ese sentido, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, con el fin de incorporar los principios como accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género en los procesos democráticos, en consonancia con los estándares nacionales e internacionales en derechos humanos y democracia participativa.

Cada uno de los principios propuestos tiene un impacto directo: la accesibilidad permitirá la participación de personas con discapacidad y adultos mayores; la inclusión dará voz a sectores históricamente marginados; la interculturalidad garantizará la participación de comunidades indígenas y migrantes; la no discriminación protegerá a todos los ciudadanos sin importar origen, edad, género u orientación sexual y la perspectiva de género impulsará la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.
Asimismo, la iniciativa busca armonizar la Constitución estatal y la Ley de Participación Ciudadana para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, referéndum, iniciativa ciudadana, consulta popular, presupuesto participativo y parlamento abierto, asegurando condiciones de equidad y justicia en su ejercicio.

Finalmente, la diputada Araceli Geraldo expresó su confianza en que el Congreso aprobará esta propuesta, al considerar que se trata de una reforma que coloca a la ciudadanía en el centro de la vida pública y contribuye a la construcción de una democracia más cercana, justa y sensible a la diversidad de Baja California.