Durante la conferencia de prensa de esta mañana, México Comunica cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el error cometido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos al señalar, a Mario Alberto Herrera Sánchez, un barbero de Ensenada como presunto integrante del Cártel de Sinaloa. El hecho ocurrió en la publicación del 18 de septiembre, donde se equivocaron de persona, pusieron la foto del barbero con el nombre de otra persona donde también apareció por equivocación la diputada Araceli Brown, cuya imagen fue vinculada de manera errónea.

Ante la pregunta sobre qué acciones considera el gobierno mexicano para proteger a los ciudadanos en casos de este tipo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, respondió que se trató de un error proveniente de Estados Unidos y que México mantiene sus propios procedimientos de verificación.

Harfuch explicó que, respecto a la última lista publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), varias de las personas y empresas señaladas ya habían sido previamente bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México. Sin embargo, aclaró que un bloqueo de la UIF no significa necesariamente una vinculación directa con la delincuencia organizada, sino que corresponde a la detección de movimientos financieros inusuales que ameritan revisión.

El funcionario detalló que, tras un bloqueo, las personas afectadas tienen la posibilidad de presentar pruebas para legitimar sus cuentas; en caso de que estas sean validadas, se procede al desbloqueo. Si no logran justificar el origen de los recursos, entonces se abre una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR).

Respecto al caso específico del barbero de Ensenada, Harfuch insistió en que se trató de un error de las autoridades estadounidenses.

La presidenta Claudia Sheinbaum complementó señalando que existe una comunicación constante entre la OFAC y la UIF en México. Explicó que cuando Estados Unidos envía información sobre posibles irregularidades, la UIF realiza su propia investigación. Si se detectan elementos de lavado de dinero o conductas ilícitas, se ordena el congelamiento de cuentas. En caso de no encontrarse pruebas suficientes en México, se informa de regreso a Estados Unidos.

Subrayó que este fue el procedimiento seguido en el caso de la diputada Araceli Brown y de otras personas y empresas señaladas en la misma publicación. De acuerdo con la mandataria, en México no se halló evidencia suficiente para sostener los señalamientos hechos desde Estados Unidos.