La diputada Araceli Geraldo Núñez presentó una iniciativa de reforma a la Constitución local y a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California con el objetivo de incorporar la participación ciudadana digital para promover, registrar y ejercer los distintos mecanismos para ésta.
La propuesta legislativa busca modernizar el marco jurídico estatal y garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de forma accesible, segura y eficiente mediante herramientas tecnológicas, debido a que en la Ley de Participación no se contempla de manera expresa el uso de medios digitales.
En ese sentido la inicialista reconoce que en la Constitución local sí se contemplan mecanismos como: consultas, plebiscitos, referéndums, iniciativas ciudadanas y revocación de mandato, pero sin una regulación clara que permita realizarlos mediante herramientas digitales, lo que genera una brecha frente a la realidad actual, donde gran parte de la población utiliza internet como vía principal de interacción.

Entre los principales beneficios, la diputada destacó la ampliación de la participación ciudadana, especialmente para personas con limitaciones de tiempo, movilidad o distancia; la reducción de costos operativos al sustituir procesos presenciales y el fortalecimiento de la legitimidad democrática mediante herramientas que facilitan la cercanía entre la ciudadanía y las decisiones públicas.
En un contexto en el que la digitalización permea múltiples esferas de la vida social, económica y cultural, los mecanismos de democracia participativa no pueden permanecer al margen, ya que los modelos tradicionales —basados en la recolección física de firmas, la asistencia a mesas receptoras o la participación en consultas presenciales— han mostrado limitaciones para garantizar un acceso amplio, inclusivo y eficiente a todos los sectores de la población.
Con la reforma, Baja California podría aplicar plataformas electrónicas oficiales para el registro de firmas, la presentación de solicitudes ciudadanas, la organización de consultas y la difusión de resultados constituye una herramienta fundamental para acercar la democracia a la ciudadanía, fortalecer la legitimidad de los procesos y reducir costos operativos, siempre bajo reglas claras de seguridad, transparencia y protección de datos personales.

La reforma plantea modificar el Artículo 5, Apartado C, de la Constitución local para reconocer la participación digital como un derecho, equiparándola a los mecanismos tradicionales de consulta, plebiscito, referéndum, revocación de mandato e iniciativa ciudadana. Esta incorporación permitiría ampliar la inclusión de las personas que enfrentan barreras geográficas, de movilidad o de tiempo, fortaleciendo la corresponsabilidad social en la toma de decisiones públicas.