JUCOPO fija postura ante actitudes que vulneran el respeto institucional en comparecencias
La Junta de Coordinación Política de la XXV Legislatura a nombre de las 25 diputaciones integrantes, desaprueba la actitud mostrada durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Economía e Innovación Kurt Ignacio Honold Morales, ante la Comisión de Desarrollo Económico, durante el desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas que exige respeto, claridad y disposición plena a responder.
Correspondió a la diputada Daylín García Ruvalcaba, dar lectura al posicionamiento, quien subrayó que este ejercicio, elemento esencial para la transparencia y la rendición de cuentas, fue desvirtuado por la negativa del funcionario a responder diversos cuestionamientos formulados por esta representación popular.
El Acuerdo de la JUCOPO señala que el Congreso del Estado es la casa del pueblo bajacaliforniano, espacio donde se analiza, se cuestiona y se revisa el ejercicio gubernamental con base en la Constitución y las leyes.
Asimismo, destaca que es obligación de cualquier titular del Poder Ejecutivo o dependencia estatal conducirse con respeto, claridad y seriedad, especialmente frente a las y los representantes de la ciudadanía, pues la comparecencia no es un trámite sino un deber constitucional y una responsabilidad pública.
Las y los funcionarios del Gobierno del Estado deben conducirse con respeto, altura institucional y disposición plena a responder. “En este Poder Legislativo no se van a normalizar ni permitir desplantes, evasivas o actitudes que vulneren la esencia democrática de la rendición de cuentas. La ciudadanía exige y merece claridad, respeto y sensibilidad”, enfatizó la legisladora.
Ante lo ocurrido, la JUCOPO hace un llamado respetuoso pero firme a que este tipo de conductas no se repitan, y a que en futuras comparecencias prevalezca la seriedad, el profesionalismo y la plena apertura al diálogo institucional.
El Congreso del Estado seguirá cumpliendo con su función de supervisión, vigilancia y análisis riguroso de la administración pública, siempre en respeto a la ley y al interés superior de Baja California.
