La diputada Daylin García Ruvalcaba, coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, informó que ya fue concedida la primera suspensión provisional dentro de los juicios de amparo promovidos contra el cobro del impuesto predial 2026 en Playas de Rosarito.
El recurso legal, identificado bajo el expediente 89/2026-F, derivó en una resolución de un Juez de Distrito que impide, de manera temporal, la aplicación del cobro del predial al ciudadano promovente conforme a la Ley de Ingresos 2026 y la Tabla de Valores Catastrales vigente, en tanto se resuelve el fondo del asunto.
El Juzgado Décimo Tercero de Distrito determinó procedente la suspensión provisional mientras se revisa la constitucionalidad y legalidad de los incrementos registrados, los cuales en ciertos casos rebasan el 450%. Asimismo, se solicitó información al Congreso del Estado y al Ayuntamiento de Playas de Rosarito, entre otras autoridades involucradas en la aprobación y ejecución del nuevo esquema tributario.
La resolución judicial retoma el criterio de que, como principio general, la suspensión debe concederse frente al cobro de contribuciones, lo que fortalece las acciones legales emprendidas por ciudadanos inconformes.
La diputada Daylin García Ruvalcaba destacó que esta decisión judicial representa un avance significativo en la defensa de las familias rosaritenses, subrayando que los amparos fueron impulsados en coordinación con Salvador Sánchez, coordinación municipal de Movimiento Ciudadano, además de un equipo de abogados y vecinos preocupados por estas injusticias y el impacto de los aumentos.
Por su parte, Salvador Sánchez señaló que la medida judicial evidencia la preocupación legítima de la ciudadanía frente a cobros que consideran excesivos y difíciles de solventar, especialmente ante el contexto económico actual.
Movimiento Ciudadano informó que más de un centenar de ciudadanos ya se han adherido a diversas acciones legales, incluyendo juicios de amparo y derechos de petición, con el objetivo de controvertir los incrementos al predial 2026.
“El mensaje es claro: la ciudadanía no está sola. Existen vías legales para defender el patrimonio familiar frente a decisiones que generan incertidumbre y afectaciones económicas”, concluyó García Ruvalcaba.
