Tres familias que viven en la calle Laredo de la colonia Madero denunciaron afectaciones en sus viviendas que atribuyen a una construcción aledaña.
Una de las afectadas, Enriqueta Barragán Contreras, acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia tras señalar daños en su patrimonio. Explicó que tiene cerca de 40 años viviendo en su casa y que los problemas comenzaron luego de que iniciara la obra en un predio vecino en 2024.
De acuerdo con su testimonio, durante 2025 comenzaron a aparecer grietas en paredes y pisos, puertas descuadradas, losetas levantadas y tuberías desprendidas que han provocado fugas de agua. Además, una barda que divide su propiedad con el terreno de la construcción se encuentra en riesgo de colapso.
La residente también señaló que durante trabajos de anclaje la vivienda llegó a sentirse como si estuviera temblando, sin que los vecinos fueran notificados previamente.
“Temo por la seguridad de mi familia, estamos con el Jesús en la boca todos los días porque no sabemos si se va a caer la barda o la casa”, expresó.
Las tres familias afectadas solicitaron la intervención de las autoridades para revisar la legalidad de la obra y determinar responsabilidades por los daños ocasionados en sus viviendas.
Por su parte, el abogado de las víctimas, Luis Jesús Romero Pérez, informó que ya presentaron documentación pública y privada ante el Ministerio Público, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.
El litigante explicó que la constructora inició operaciones en 2023; sin embargo, fue en septiembre de 2025 cuando uno de los vecinos comenzó a sentir vibraciones en su domicilio, lo que provocó la ruptura de una tubería. A partir de ese momento, los residentes detectaron que la obra realizaba perforaciones que alcanzaban parte del suelo de sus propiedades.
Romero Pérez señaló que hasta el momento se tiene registro de tres familias afectadas, aunque advirtió que podría haber más, ya que el condominio que se construye ya habría sido vendido. Indicó que corresponde al Ayuntamiento realizar las acciones necesarias para revisar la obra.
Añadió que, de acuerdo a un dictamen emitido por el propio Ayuntamiento, la construcción no contaba con los permisos de edificación ni con los estudios y documentación requeridos para una obra de ese tipo.
El abogado indicó que aún no se ha determinado el monto que la constructora tendría que pagar a las familias para reparar los daños, ya que algunos perjuicios siguen presentándose.
“Particularmente son daños estructurales; algunos ya han sido calculados, pero otros siguen ocurriendo”, explicó.
Asimismo, señaló que el Ayuntamiento permitió posteriormente el ingreso de una empresa distinta a la que originalmente realizaba la obra, con el objetivo de instalar una barda perimetral que contuviera los cortes realizados en el terreno.
Romero Pérez agregó que las denuncias presentadas por los vecinos incluyen presuntos delitos de despojo, debido a la instalación de anclajes en el suelo de sus propiedades sin su consentimiento, así como daños en propiedad ajena por las afectaciones derivadas de la construcción.
