La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló presuntas irregularidades por mil 106 millones de pesos en pagos realizados en 2023 por Liconsa, hoy conocida como Leche para el Bienestar, a Productos de Chihuahua y a la empresa ILAS México, debido a la falta de documentación que acreditara la recepción de los bienes o servicios.
Según la auditoría correspondiente a 2023 al programa de Leche para el Bienestar, Gregorio Chávez Treviño, entonces gerente estatal de Chihuahua y administrador de los contratos con la empresa ILAS México, realizó pagos por mil 106 millones de pesos a proveedores que no acreditaron haber entregado leche en las instalaciones de Liconsa.
El documento señala que la leche se elaboró en centros privados donde no fue posible verificar ni cuantificar la producción.
Gregorio Chávez, hermano de la senadora (con licencia) Andrea Chávez, era gerente de la dependencia y, de acuerdo a la página 21 de la auditoría, “fungió como administrador del contrato LICONSA/CADQ/001376/2023” .
En dicho documento establece la página 11: “LICONSA pagó 1,106,131.2 miles de pesos (1,106 millones) sin contar con evidencia documental de la recepción de la leche”.
En la página 22 del informe también se documentaron pagos a personas fallecidas. Entre los beneficiarios de contratos en Chihuahua se identificó al menos a cinco personas cuyas claves únicas de Registro de Población (CURP) ya habían sido dadas de baja por defunción, de acuerdo con el Registro Nacional de Población.
Uno de los casos corresponde a Ramón Giner Soto, a quien Liconsa pagó 53 mil 100 pesos por supuestas entregas de leche realizadas entre marzo y agosto de 2023, pese a que falleció el 4 de marzo de ese año.
Otro caso es el de Óscar Rosario Rodríguez Fierro, quien recibió pagos por 973 mil 800 pesos por entregas registradas entre febrero y noviembre de 2023, aunque murió el 5 de febrero de ese mismo año.
Ante estos señalamientos, el gerente estatal explicó que ni el centro de acopio ni las familias notificaron los fallecimientos.
Según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sirvió para que las mismas empresas que durante años vendieron a Liconsa, hoy Leche para el Bienestar, siguieran cobrando a través de sus socios, consejeros y apoderados, registrados como personas físicas.
