Con el propósito de evitar que las mujeres víctimas de violencia enfrenten nuevas afectaciones al acudir a las instituciones públicas en busca de justicia, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa de reforma para fortalecer las obligaciones de las autoridades y garantizar procedimientos con perspectiva de género, respeto a los derechos humanos y debida diligencia.
La legisladora señala que las instituciones públicas deben garantizar una actuación responsable, imparcial y libre de prejuicios, especialmente cuando intervienen en procedimientos relacionados con hechos de violencia contra las mujeres, debido a que una respuesta institucional deficiente puede profundizar las consecuencias de la violencia sufrida.
Para atender esta problemática, plantea adicionar un párrafo al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, a fin de establecer expresamente que las autoridades encargadas de investigar y resolver procedimientos administrativos relacionados con violencia contra las mujeres deberán actuar con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y debida diligencia.
Asimismo, establece la obligación de prevenir prácticas discriminatorias, evitar retrasos injustificados y abstenerse de realizar acciones u omisiones que obstaculicen los procedimientos, con pleno respeto a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad y a los derechos de las personas involucradas.
Como parte de la iniciativa, también se contempla reformar el artículo 14 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias para el Estado de Baja California, con el objetivo de actualizar las disposiciones sobre responsabilidad administrativa de las personas servidoras públicas que incurran en prácticas discriminatorias, dilatorias o de tolerancia hacia la violencia de género.
Con esta reforma, la diputada Santa Alejandrina Corral busca prevenir esta problemática que ocurre cuando las instituciones, mediante actos de discriminación, omisiones, retrasos injustificados o prácticas inadecuadas, ocasionan nuevas afectaciones a quienes solicitan atención, protección o justicia.
En caso de aprobarse, las autoridades competentes dispondrán de un plazo de 180 días naturales, a partir de su entrada en vigor, para revisar y adecuar sus protocolos de actuación, así como capacitar al personal responsable de atender estos procedimientos.
