Una presunta red de triangulación de recursos públicos por más de 7 mil 200 millones de pesos fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García.
Durante su presentación el pasado viernes ante la Cámara de Diputados, el auditor Areliano Hernández reveló que, de acuerdo con las investigaciones, se identificaron pagos irregulares a proveedores que posteriormente transferían los recursos a terceras empresas y, finalmente, a cuentas personales de familiares de servidores públicos.
Según lo expuesto, el Gobierno estatal habría otorgado contratos millonarios a empresas locales que, mediante una serie de movimientos financieros, terminaban enviando parte del dinero al despacho jurídico de Samuel Orlando García, padre del gobernador.
La ASF detectó diversas operaciones financieras, entre ellas transferencias por 5 mil 850 millones de pesos y otras por 154 millones de pesos, que habrían formado parte de este esquema de movimientos de recursos.
Ante las presuntas irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación informó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobierno de Nuevo León, con el propósito de que se investiguen los hechos y se determinen las posibles responsabilidades.
