La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá en breve cuándo será el fin de la gubernatura de Jaime Bonilla Valdez. Éste, a su vez, busca marcar el destino último del agua en la entidad: decidirá por encima de la federación si la entrega a una cervecera, a una minera o a la población para uso doméstico.

El Ejecutivo estatal, pues, dispondrá del agua. O al menos eso prevé la iniciativa de ley confeccionada desde las oficinas gubernamentales y que el Congreso local prevé votar en los siguientes días.

Así, esta segunda semana de mayo será crucial para Baja california… y para Estados Unidos, dado que la aprobación de dicha ley será aún más importante que si Bonilla Valdez gobierna por dos o cinco años, ya que el “estado” tendrá la potestad para “administrar y custodiar” las concesiones y asignaciones de agua.

Pero no sólo eso, será juez y parte, en virtud de que la reforma considera que el estado hará “los inventarios de agua” y dirá cuáles son “las reservas hidrológicas”. Después podrá reconcesionar el líquido que la federación “asigna” a los organismos operadores en la entidad.

Investigadores que lograron frenar la privatización del agua el sexenio pasado, a través de la llamada “ley Korenfeld” –entre ellos Miguel Ángel Montoya, consultor parlamentario y gestor independiente en materia de gestión integral del agua–, concluyeron lo anterior tras analizar las consecuencias de las reformas planteadas por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez.

Además, la especialista en materia de agua e integrante del colectivo Agua para Todos, Elena Burns, considera que Estados Unidos presiona para que la entidad pueda disponer del uso final del agua, dado que la crisis hídrica en el suroeste del vecino país y sus industrias, que consumen grandes cantidades del líquido, requieren de él y “ya están invadiendo Baja California y generando enormes presiones”.

“La lucha que se está dando ahorita en Baja California, igual que en 2017, es la lucha de todo México. Si no se logra frenar el modelo donde el gobierno estatal está controlando, abriendo el acceso al agua en zonas de gran estrés hídrico, si no se pone una barrera ahí, a través de instituciones democráticas que planeen para el bien común de ahora, el futuro de Baja California estará en riesgo”, sostiene.

“¡Mi agua no se vende!” claman en BC al reactivar protestas contra Constellation Brands"

El 10 de abril, los colectivos locales en defensa del agua prendieron nuevamente las alarmas.

Su preocupación por la cervecera Constellation Brands no terminó el 23 de marzo, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación de los permisos, luego de la consulta pública en la que mayoritariamente los participantes rechazaron la presencia de la empresa.

La maestra Alma Aracely Piña, integrante de Resistencias Unidas en Defensa del Agua, colectivo que aglutina a diversos grupos de lucha, recuerda que al enterarse de la reforma bonillista, advirtieron que se abre la posibilidad de que Constellation Brands reinicie los trámites para quedarse en Mexicali una vez aprobada y publicada la citada ley.

Miguel Ángel Montoya, quien asesoró en materia de agua a más de cuatro legislaturas federales y hoy se desempeña como consultor independiente, considera preocupante la propuesta del gobierno de Bonilla, pues en los hechos “esta secretaría tiene la facultad para hacer suya el agua, es decir, la convierte en jurisdicción del estado y luego la reconcesiona; eso es lo que pasó de algún modo con el tema de la cervecera Constellation Brands. ¡Eso sí es grave!”.

Las reformas incluyen a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California para dar vida a la nueva secretaría y crea el artículo 38 BIS, donde delinea sus facultades en el párrafo XIX:

“Gestionar ante la Federación, la celebración de las concesiones y asignaciones para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales en cantidad y calidad, que estén bajo la administración y custodia del estado, y de la prestación de los servicios públicos de agua”.