La SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes] denunció penalmente al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla y al Fiscal General del Estado, Guillermo “Titi” Ruiz, por la toma de la caseta de cobro en la carretera Tijuana-Playas de Rosarito.
La denuncia fue presentada ante la FGR y en ella se le acusa a los funcionarios por la toma ilícita de la caseta y además por presuntamente ser líderes de los grupos e manifestantes que exigieron en estos últimos días liberarla nuevamente.
De acuerdo con la SCT la liberación de la caseta fue un acto ilegal debido que violó la Constitución y diversas leyes.
A través de un comunicado la secretaría informó que reaccionará legalmente “por daño, interrupción y deterioro de los servicios que operan en las mismas”.
Después de lo sucedido, varios medios nacionales tacharon al gobernador del estado Inconsciente de las leyes federales y otro más se burlaron de sus acciones.
