En 2011 se presentó un caso de tortura por parte de efectivos del Ejército Mexicano, hecho ocurrido en Tijuana, Baja California, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, a reparar de manera integral el daño causado a las dos víctimas.

Los hechos descritos por la recomendación 1/2022 corresponden a abusos cometidos durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” en que el Ejército Mexicano estaba al frente de la estrategia en entidades con presencia del crimen organizado, como Baja California.

En 2016 la CNDH recibió un requerimiento de un juzgado federal de Tamaulipas, en el que daban vista al organismo por hechos denunciados por dos personas de haber sido “objeto de actos de tortura por parte de elementos aprehensores”.