De 4 a 10 años de prisión a servidores públicos que difundan material delictivo de víctimas.
Tras dos años de lucha, fue aprobada la Ley Ingrid, misma que busca erradicar la difusión de material relacionado con hechos delictivos y víctimas del delito.
Con 470 votos a favor, la Camara de Diputados aprobó las disposiciones legales para castigar con 4 a 10 años de prisión “al que por cualquier medio y fuera de los supuestos autorizados por la Ley, fotografíe, videograbe, audiograbe, entregue, comparta, revele, envíe, exponga, transmita, difunda, publique, distribuya, comercialice o intercambie imágenes, audios, videos, documentos o información reservada del lugar de los hechos, del hallazgo, o de cualquier material o información relacionada con la investigación penal de una víctima”.
La sanción se incrementa un 33%, cuando las víctimas son mujeres, adolescentes, niñas, niños o personas con discapacidad.
Recordemos que en febrero de 2020, Ingrid Escamilla fue asesinada presuntamente por su pareja Erick Francisco ‘N’, un ingeniero civil de 46 años que confesó el crimen a la policía tras ser detenido frente a su domicilio en un edificio de departamentos de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A Madero.
El suceso fue dado a conocer al día siguiente por las portadas de los periódicos. Pero, algunos medios no se quedaron en informar que una mujer más fue víctima de un feminicidio, sino también publicaron imágenes terribles de la joven apuñalada y desollada por su pareja, quien trató de ocultar el cuerpo por “miedo y vergüenza”.
