Se llevó a cabo reunión de trabajo presidida por la diputada Daylín García Ruvalcaba, con representantes en México de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) representantes de los Ayuntamientos, de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como organismos de la Sociedad Civil con el fin de establecer una mesa de trabajo para concretar un ordenamiento legal que brinde bases sólidas para los juzgados cívicos en los diversos municipios.

La justicia cívica busca prevenir que conflictos entre particulares, al no ser atendidos por la autoridad, escalen a actos de violencia, tal es el caso de comunidades en las que algún particular se siente agraviado por un vecino o un ciudadano, que esté alterando la paz pública, la tranquilidad y el orden social, sin que estos problemas sean ya de orden penal.

La Diputada por Movimiento Ciudadano, presentó el pasado 9 de mayo del año en curso, una iniciativa para crear la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Baja California, ya que actualmente no hay un marco legal vigente en la materia, y dicha Ley dará la posibilidad contar con fundamentos para armonizar la implementación de la justicia cívica por los Ayuntamientos.

La legisladora explicó que esta propuesta es fundamental para transitar a la prevención de los hechos violentos entre particulares, ya que se busca que cada conflicto sea atendido con un juez cívico de manera más pronta y cercana, imponiendo a los responsables diversas amonestaciones como lo es el servicio comunitario, multas, arresto por máximo de 36 horas, etc.

¨Se trata de atender a tiempo un problema social, pasa muy seguido que cuestiones que no son de orden penal, no pueden ser atendidos por la fiscalía, pero esto no quiere decir que no sea un conflicto, cada problema debe ser atendido por la autoridad, quienes molestan, infringen o realizan daños deben responder ante sus responsabilidades, con esto buscamos avanzar más hacia la prevención del delito, estaremos trabajando al respecto¨, expresó la diputada Daylín García.

Los invitados que participaron en la mesa de trabajo fueron Marco Cansino y Gabriela Posada por parte de USAID, Carlos Rafael Flores Domínguez, Secretario General del Consejo de la Judicatura, Humberto Tamayo Camacho, Juez del Poder Judicial del Estado, Carlos Romero Pérez de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como representantes de la Fiscalía General del Estado de Baja California y de los Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada y Tijuana. Además, se contó con la participación del Comité de Seguridad Ciudadano de Mexicali y la Asociación Civil Verter.