Con la finalidad de asegurar la asignación de por lo menos el quince por ciento del presupuesto anual de egresos, por parte del Ejecutivo Estatal, así como de los municipios, la diputada Daylín García Ruvalcaba, presentó iniciativa para reformar la Constitución local, la Ley del Régimen Municipal, Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público y la Ley de Participación Ciudadana, todas del Estado de Baja California, la cual tiene la intención de regular el presupuesto participativo, para que sean considerados los ciudadanos para la aplicación de dichos recursos.

En su exposición de motivos la legisladora de Movimiento Ciudadano argumentó la necesidad de modificar el marco normativo, para que la participación de los ciudadanos en la política tenga una base legal sólida, que modifique la lógica de la toma de decisiones y que vaya más allá de la participación en elecciones periódicas, pues el sistema democrático lleva implícita la participación más amplia y directa de los ciudadanos.

Prueba de ello es que en nuestro país se han consolidado una serie de demandas, por ejemplo, para formalizar la figura de las candidaturas independientes, ampliar los mecanismos de participación ciudadana y desarrollar herramientas de rendición de cuentas, deliberación y corresponsabilidad entre los ciudadanos y las autoridades.

En ese sentido podemos considerar como un modelo exitoso, el mecanismo de presupuesto participativo, que en otros estados ha crecido con mucho auge, logrando implementar un esquema donde se involucran y participan los habitantes, en un proceso responsable y democrático para tomar decisiones, por ejemplo, para decidir sobre las obras de infraestructura urbana que consideran de más prioridad.

Daylín García hizo mención que en Baja California se encuentran reconocidos como instrumentos de participación ciudadana, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, consulta popular y el presupuesto participativo, sin embargo, algunos de estos por su complejidad han resultado de difícil acceso para los ciudadanos.

En este caso se propone que, para los fines del ejercicio del presupuesto participativo, los Ayuntamientos deberán emitir, dentro de los treinta días a partir del inicio de su administración, la convocatoria pública para la integración de su Consejo Ciudadano de Presupuesto Participativo.