La diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, presentó iniciativa ante Oficialía de Partes del Poder Legislativo, para reformar diversos artículos de la Ley de Salud Pública y la Ley de Salud Mental; ambas de Baja California, con el propósito de armonizarlas con la Ley General de Salud, en materia de salud mental y adicciones.

La legisladora indicó en su exposición de motivos que, en mayo de 2022, se reformó la Ley General de Salud, incorporando el uso adecuado del lenguaje, redefiniendo el concepto de salud mental, destacando que el propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y bienestar de la persona, se introdujo el respeto a los Derechos Humanos y se fundó la obligación para que la atención de la salud mental se brinde en hospitales generales.

Derivado de lo anterior, el tema de salud mental está experimentando cambios muy significativos en nuestro país, lo cual representa un cambio de paradigma en la atención a la salud mental, pues el Estado debe garantizar el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y adicciones a las personas que lo requieran.

“Toda persona tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación alguna, la atención a las personas con estos padecimientos debe brindarse con enfoque comunitario, integral, intercultural, con perspectiva de género y con estricto apego a los derechos humanos”, manifestó Monserrat Rodríguez.

Esta propuesta de reforma también prevé que el Ejecutivo del Estado y los Municipios, promuevan la creación y operación de centros ambulatorios de atención primaria a fin de atender la salud mental y adicciones, al igual estas autoridades de manera progresiva deberán implementar la atención de servicios de psiquiatría en los hospitales generales.

Así como la realización de campañas para la detección de los grupos poblacionales en riesgo de presentar trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas, enfocándose principalmente en niñas, niños y adolescentes y miembros de grupos vulnerables.

Por último, la autora de la propuesta en materia, mencionó que, aunque no existe obligación para las entidades federativas de adecuar o armonizar las leyes locales, se considera necesario la armonización de estas normas en virtud de contemplarse disposiciones locales que regulan tal materia, para evitar que se generen conflictos o contradicciones entre leyes de no adecuarse la normatividad respectiva.