Al resaltar la coordinación de esfuerzos entre los legisladores, el presidente de la Comisión de Justicia de la XXIV Legislatura, Sergio Moctezuma, agradeció a su compañera Alejandra Ang, por el propósito de sumarse a su planteamiento para que la Secretaría de Economía Federal, rehabilite la oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en Mexicali.

Toda vez que la capital del estado de Baja California, debe tener acceso a la procuración de justicia en derechos del consumidor, como uno de los aspectos torales de la Cuarta Transformación.

Recordó que según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Mexicali en conjunto con San Felipe concentran el 27 por ciento de la población en el Baja California, esto es más de un millón de personas que no pueden quedarse sin una oficina para hacer valer sus derechos como consumidores, en los cobros excesivos como son los casos de la telefonía móvil, de la televisión de paga, recibos de luz y otros muchos productos y servicios, entre otros casos.

Hizo hincapié Sergio Moctezuma en que los derechos del consumidor son un derecho social por lo que una ciudad tan importante no puede quedar sin atención en este rubro.

Los consumidores deben conocer qué hacer si su recibo de consumo eléctrico se expide con un cobro que no corresponde al uso del servicio, por mencionar un ejemplo.

También los consumidores deben ser atendidos de una manera inmediata, con eficacia y gratuidad.

Empero la realidad es que los ciudadanos tienen que trasladarse hasta Tijuana, perder un día de trabajo y además implica un gasto; por ello desde el pasado mes de septiembre de 2021, el diputado Sergio Moctezuma puso a consideración del pleno del Congreso una proposición con punto de acuerdo para efecto de exhortar a la Secretaria de Economía del Gobierno Federal, Tatiana Clouthier, que analicen y evalúen instalar a la inmediatez una oficina que se encargue de proteger y defender con eficacia los derechos de los consumidores de los municipios de San Felipe y Mexicali.

De tal manera que reconoció el interés de la diputada Alejandra Ang, para sumarse a la causa, ya que no contar con una oficina en Mexicali que se encargue de defender los derechos del consumidor es un mensaje a los proveedores de bienes, servicios y productos, de que existe un vacío en esta materia y como consecuencia se aprovechan de tal irregularidad y continúan los abusos y excesos en agravio de los consumidores.