Familiares de víctimas de desapariciones atribuidas a miembros de la Secretaría de Marina acusan a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y a la Asesoría Jurídica Federal, que depende de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), de falta de transparencia y de obstaculizar el acceso a la justicia.

El juez Faustino Gutiérrez Pérez, concedió un amparo contra el auto de formal prisión, en beneficio de 12 marinos acusados de las desapariciones forzadas de Noé Ignacio Alférez Hernández y Jonathan Ballesteros Loza.

“Me siento triste, tengo coraje… Mis abogados de la CEAV me han tratado de explicar, pero aun así no lo entiendo, nosotros les dimos todo lo que nos pedían”, comentó Gregoria Hernández, madre de Noé Ignacio.

“Mi nieto me pregunta por su papá, y yo le digo que está trabajando, no sé qué decirle, por eso quiero que me digan qué pasó con mi hijo. Quiero justicia, que se castigue a las personas que se lo llevaron y que dejaron sin papá a mi nietecito”, agregó.