Debido a la “declaratoria sanitaria” provocada por el COVID-19, el gobierno municipal de Tijuana durante el periodo de Arturo González Cruz justificó la compra de una camioneta por casi 2 millones de pesos mediante una adjudicación directa, burlando así el procedimiento de licitación pública para haber obtenido un menor precio o mejores condiciones.
Según el contrato de compraventa ADQ-2020-AD-067, obtenido por PUNTO NORTE, el Ayuntamiento realizó la compra del vehículo “para el uso del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana”, Jorge Alberto Ayón Monsalve, en mayo de 2020.
Se trata de una camioneta Jeep Grand Cherokee blindada color perla, capaz de soportar diversas “amenazas” como ataques armados y explosivos.
Los documentos oficiales estipulan que el gobierno municipal pagó un millón 967 mil 62 pesos por el vehículo que solicitó el hoy ex secretario para su uso.
De ese monto, 271 mil 319 pesos fueron del Impuesto al Valor Agregado.
El contrato fue firmado el 27 de mayo del 2020 por la entonces oficial mayor Ana Leticia Salcedo Quiroz, el director de recursos materiales, Rodrigo Ruiz Garay y el jefe administrativo de la Secretaría de Seguridad, Paúl Cárdenas Amavizca.
El proveedor fue IBN Industrias Militares y de Alta Tecnología Balística S.A DE C.V, por medio de su administrador único Francisco Arturo Federico Ávila Anaya.
Tres meses antes de la compra, se filtró un audio grabado por un policía municipal quien le contaba a otro agente cómo participó en un importante decomiso, en el cual les fueron devueltas grandes cantidades de drogas y armas largas a miembros del crimen organizado por instrucciones superiores. Y señalaba a los altos mandos de estar vinculados con estos grupos.
“…todos los mandos están bien metidos todos, a como nos dimos cuenta, no todos, no, pero varios de los de arriba y de los importantes, pues, de los que no deberían, estar bien metido”, se escucha en la conversión.
La camioneta fue asignada a Ayón para sus traslados en Tijuana y la información fue clasificada como reservada de manera parcial por los próximos 5 años por el Comité de Transparencia Municipal.
Debido a esto, las especificaciones de la camioneta no pueden ser reveladas.
De igual forma, se restringe el acceso a la información del “modelo” del vehículo, “el nivel de blindado, accesorios con los que fue entregado, la norma de calidad ni la descripción del servicio”, según el acuerdo del Comité de Transparencia a solicitud de la encargada de despacho de la Oficialía Mayor, Silvia Verónica Guzmán López.
Investigación Punto Norte
