Antes de abandonar la alcaldía de Tijuana, Arturo González Cruz y su equipo buscan dejar la concesión para el servicio de infracciones viales digitales a una empresa con ligas al ex secretario de Seguridad Jorge Ayón Monsalve, quien firmó un millonario contrato -a nombre del Ayuntamiento- para la prestación del mismo servicio en 2020.

Grupo Gencotech recibió más de 22 millones de pesos de recursos destinados a seguridad pública en un periodo de cinco meses y tiene como socio a un ex colaborador del padre de Ayón Monsalve cuando este, el general Mario Ayón Rodríguez, fue secretario de Seguridad en Puebla.

Otra empresa, con el mismo socio entre sus directivos, vendió 325 tabletas electrónicas a la Policía Municipal con un sobreprecio de tres veces su valor en el mercado.

Además, meses antes de la firma, el recién estrenado secretario municipal y el empresario tijuanense Xavier Peniche Bustamante, quien también representa a una asociación civil dedicada a entregar incentivos a la Policía Municipal de Tijuana, viajaron a la fiesta del cumpleaños número 80 del general Ayón Rodríguez en Puebla.

Al convivio, celebrado en marzo de 2020, acudieron 300 invitados del militar en retiro, quienes degustaron desde barbacoa hasta chalupas y bebidas como tequila, ron, brandy y whisky.

Además de la familia del general, quien es el actual director de la academia policial de Puebla, estuvieron presentes varios empresarios y políticos, como fue el caso del hermano del ex gobernador poblano, Rafael Moreno Valle.

Posterior a esa visita de placer, Ayón Monsalve solicitó en Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana que se realizara una adjudicación directa a Gencotech para arrancar un programa piloto de infracciones viales digitales.

Hizo lo mismo con una segunda empresa, también poblana, para la adquisición de tabletas electrónicas para policías.

Fuentes al interior del Ayuntamiento explicaron a PUNTO NORTE que entre los temas que González Cruz busca dejar listos en el Ayuntamiento antes de dejar, por segunda ocasión, el cargo, es que la concesión quede en manos de Gencotech.

Además, colaboradores cercanos al alcalde relatan que Ayón Monsalve, en cenas y reuniones privadas, comentó que la empresa que entraría a prestar el servicio en el gobierno municipal eran de empresarios cercanos a él y a su familia en Puebla.

Efectivamente, fue la primera vez que Gencotech fue contratada en Baja California.

Incluso, la empresa comparte apellidos entre sus socios y también un director con Mizco Consultores, la empresa que celebró dos contratos con Ayón para la compra de tabletas digitales y servicio de internet inalámbrico.

 

Ambas compañías firmaron, por primera vez, contratos en junio de 2020 con el Ayuntamiento de Tijuana, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM).

Para noviembre, cuando presentó su renuncia, Ayón Monsalve ya había contratado a estas empresas.

La concesión a toda costa

En su primera solicitud de licencia para dejar el cargo, en sesión ordinaria de Cabildo del 14 de octubre de 2020, González Cruz presentaría el punto de acuerdo para concesionar durante 10 años el servicio de infracciones viales digitales a una empresa particular, sin definir las bases de licitación o adjudicación ni la empresa.

De último momento, el regidor panista Arnulfo Guerrero León presentó el documento, el cual fue aprobado fast-track por el Cabildo de Tijuana con un único voto en contra, el de la regidora Mónica Vega Aguirre, quien advirtió que este tipo de concesiones fueron las que marcaron el gobierno de Juan Manuel Gastélum “El Patas”.

En el pleno del Cabildo, el alcalde defendió el proyecto al decir que había casos de éxito en Puebla, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, sin citar estudios ni fuentes.

El alcalde alegó que la implementación de las multas digitales era necesaria primero por la pandemia, para evitar que los ciudadanos acudieran a las instalaciones municipales a pagarles y en segundo, porque la recaudación por este concepto era muy baja.

Dejó de lado el hecho de que la concesión no se estudió en comisiones ni fue presentada primero a los regidores, así como la falta de condiciones, bases y requisitos para los interesados en participar.

También omitió que una empresa ya estaba presentado ese servicio y que las especificaciones técnicas de la concesión eran idénticas al contrato ya firmado.

La urgencia que en aquel entonces el alcalde demostró por aprobar el tema, es la misma con la cual ahora busca agilizar la entrega de la concesión.

El nexo Ayón

Mucho antes de que González Cruz pensara en la alcaldía y que Ayón Monsalve figurara como prospecto en un cargo público en Baja California, el general Mario Ayón Rodríguez, padre de Jorge Ayón Monsalve, y el ingeniero Hugo Juárez Salgado trabajaron juntos en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.

Era el año 2009 y Juárez Salgado ingresó como director del Centro de de Control, Coordinación, Comunicación y Comando (C4) del Consejo Estatal de Seguridad Pública de Puebla, tras haberse desempeñado como subdirector de Tecnología y telecomunicaciones de la misma dependencia que se encontraba bajo el mando del militar en retiro.

En 2014, Juárez Salgado, en conjunto con Pedro Rubén Mier Vargas conformó la empresa Grupo Gencotech en Puebla, según el acta constitutiva registrada ante la Secretaría de Economía.

Su objeto social es por demás amplio, desde equipos antimotines, chalecos, accesorios de seguridad y equipo de radio comunicación, hasta electrodomésticos.

También contempla “la comercialización de tecnología y equipos de seguridad, así́ como el software de estos y el de equipos electrónicos o computarizados”.

Los primeros contratos que Grupo Gencotech firmó con el sector público fueron, precisamente, en Puebla. Recientemente, perdió una licitación para sistemas de videovigilancia en esa entidad, debido al incumplimiento de los requisitos técnicos.

Hugo Juárez Salgado, además, es parte de Mizco Consultores, la empresa que recibió dos contratos de la Secretaría de Seguridad en el mismo mes que Gencotech.

Mizco Consultores, en redes sociales, presenta al ex funcionario como su líder de Ingeniería y lo muestra en eventos públicos y privados nacionales como su representante.

Mizco Consultores, en su acta constitutiva con fecha del año 2007, estipula como socios igualitarios a Moisés Villaverde Mier-familiar de Pedro Rubén Mier Vargas, dueño de Gencotech- y a Eduardo Izcoa Reyes.

Al igual que Gencotech, la mayoría de sus contratos con gobiernos son en Puebla y su primera contratación en Baja California fue con el Ayuntamiento de Tijuana, cuando Ayón Monsalve aún era secretario.

Por adjudicación directa

El 12 de junio de 2020, Oficialía Mayor recibió oficio de parte de la SSPCM para la adjudicación directa para la contratación de la implementación de una plataforma tecnológica de software y hardware para el procesamiento digital de infracciones viales para el uso de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

Previo a esto, se realizó una ampliación presupuestal a la Secretaría de Seguridad y también adecuaciones al reglamento de tránsito, para llevar a cabo el proyecto.

Dos semanas después, el contrato estaba siendo firmado entre Ayón Monsalve y la representante legal de la empresa por un monto de 22 millones 11 mil 609 pesos (con impuestos incluidos) por un periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2020.

Según las cláusulas del contrato ADQ-2020-AD-074, en poder de PUNTO NORTE, el servicio incluye la implementación de la plataforma para infracción digital y la entrega de 100 dispositivos móviles nuevos con la prestación del servicio de pago móvil.

Entre la información que el sistema guarda no están únicamente los oficiales que hagan uso de los aparatos, también un perfil con datos de identificación del ciudadano e historial de infracciones a un vehículo.

Aunque hasta el momento, Oficialía Mayor no ha publicado la convocatoria de licitación para esta concesión, el servicio de Gencotech dejó de prestarse desde el 31 de diciembre de 2021.

Por mes, el gobierno municipal pagó 3 millones 669 mil 601 a la empresa para operar este programa. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado cuánto se logró recaudar a través de este programa digital.

En la sesión de Cabildo donde se aprobó la concesión, los regidores que votaron a favor argumentaron que había más de 18 millones de pesos no cobrables, esto es cuatro millones de pesos menos de lo que costaron seis meses de este servicio.

Tabletas tres veces arriba de su precio

También en junio de 2020, la empresa Mizco Consultores, en la cual Hugo Juárez Salgado, el ex funcionario del papá de Ayón Monsalve, aparece como líder de Ingeniería, recibió dos contratos por parte de la SSPCM, también por adjudicación directa, esto es sin ningún otro participante.

Esto para arrancar otro programa piloto que consiste en que los oficiales utilicen tabletas electrónicas para el llenado del Informe Policial Homologado (IPH) “con la finalidad de disminuir los tiempos de captura invertidos por el oficial de policía, se simplifiquen los procesos y se explote información criminal en oportunidad”.

El contrato ADQ-2020-AD-004FORTASEG, firmado el 11 de junio de 2020, fue por concepto de la compra de 325 tabletas electrónicas Hawei Android 7.0 de 2 gigabytes de memoria RAM y 16 gigabytes de almacenamiento interno, con 7 horas de duración de batería.

Otras especificciones son una cámara trasera de 5 megapíxeles, frontal de 2 megapíxeles y pantalla de 9.6 pulgdas.

Según el sitio web de Office Depot México, un dispositivo con estas mismas características tiene un precio de 4 mil 179 pesos.

Mientras que en el contrato, el precio unitario de los dispositivos fue de 14 mil 1 pesos con 79 centavos (sin IVA) para dar un monto total de 5 millones 278 mil 674 pesos, impuestos incluidos.

Esto significa que la compra total resultó casi 4 millones de pesos, 3 millones 920 mil 499 pesos para ser específicos, por encima de lo que hubiese costado de habe adquirido los dispositivos con otro comprador.

Para celebrar el contrato, el Ayuntamiento pagó un anticipo del 50% y el resto con la entrega del equipo.

En el documento, en poder de PUNTO NORTE, no se señala ninguna especificación técnica ni de software que explique el sobreprecio tan elevado.

Por separado, la Secretaría de Seguridad celebró un segundo contrato, bajo el númreo ADQ-2020-AD-072, con Mizco Consultores para la contratación del servicio de internet inalámbrico de esas 325 tabletas.

Se trata de un plan mensual de consumo de 3.5 megabytes de consumo controlado, así como la capacidad de seis megabytes.

Esto significa que si el policía consume los seis megabytes, ya no podrán utilizar el servicio de internet.

Por este servico, la empresa poblana recibió un total de un millón 316 mil 861 pesos cada mes por un periodo de siete meses, resultando en 9 millones 218 mil 27 pesos.

La vigencia del contrato firmado es del 12 de junio al 31 de diciembre de 2020.

 

INCESTIGACION PUNTO NORTE