Mexicali. -Blue Propone o cualquier otra compañía de gas no puede instalarse en la ciudad sin los permisos correspondientes de la autoridad municipal, porque se trata de la seguridad de las personas, manifestó, Jesús Alejandro Ruiz Uribe, Delegado Federal Único de Baja California.

Al ser cuestionado por una reconocida comunicadora, sobre una información que circula en el sentido de que la compañía Blue Propone, había informado públicamente que con o sin permiso, se instalaría, dijo que: “Si es así, sería un reto al estado de derecho muy grave que podría tener consecuencias como la perdida de concesiones en otros lugares”.

“No creo que el alcalde de Tijuana, -Arturo González Cruz- se los permita. Ninguna compañía, puede instalarse en una ciudad sin los permisos correspondientes de uso de suelo municipal”, destacó   el Delegado Federal Único.

Incluso, puntualizó que aun si una compañía de gas cuenta con permisos de carácter ambiental del orden federal, sino se apega a toda la reglamentación municipal, no puede instalarse.

Dejó claro que está a favor de la competencia de todas las ramas del comercio, pero en el caso del gas no se puede jugar con la seguridad de las personas y quienes quieren dar el servicio, tienen que apegarse estrictamente a lo que dice la ley.

Alejandro Ruiz Uribe, finalizó diciendo que las “gaseras o gaseritas”, deben estar en espacios donde no pongan en riesgo la vida de la gente, lugares seguros, donde no haya población, no en escuelas, no cerca de iglesias, no cerca de pasos peatonales por mencionar a algunos.

Las finanzas públicas de Tijuana se verán comprometidas por los próximos 20 años gracias al actual alcalde, Arturo González Cruz, esto de acuerdo a la agencia calificadora Standard & Poor´s.

El pasado diciembre del 2019, diputados locales de Morena y sus vinculados, autorizaron al Ayuntamiento de Tijuana, el decreto NO.32, para permitir que haya un refinanciamiento de la deuda pública, por un monto de 2 mil 620 millones de pesos.

Luego de una licitación, el alcalde solicitó tres créditos por 2 mil 370 millones de pesos, dos con BBVA por mil millones de pesos y otro por 620, por otro lado el tercer contrato lo obtuvo con Banorte por un total de 750 millones de pesos.

De esta forma Arturo Gonzalez, Jaime Bonilla y Marina del Pilar, durante sus gobiernos se han esforzado para minimizar los adeudos bajo el argumento de aliviar la carga en cuanto a la baja de la tasa de interés, consiguiendo más participantes federales que puedan proporcionar una garantía a los bancos.

De esta forma la contratación de la deuda de Arturo, es para beneficio propio sin tomar en consideración las administración futuras.