Las y los diputados integrantes de la XXIV Legislatura, aprobaron el Dictamen 99 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para establecer debidamente en el artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, los criterios para que las y los Jueces reciban la prestación del Haber de Retiro.
En el uso de la voz el diputado Juan Manuel Molina García, precisó que para arribar al contenido total del dictamen, se tomó en consideración las opiniones vertidas por el Poder Judicial del Estado, representado por el Magistrado Presidente Alejandro Isaac Fregozo López y aproximadamente 45 juezas y jueces que estuvieron presentes en los trabajos de discusión y análisis del proyecto.
Dentro del resolutivo de la reforma se establece que las y los jueces tendrán derecho a dicha prestación, al retirarse del cargo por alguno de los siguientes supuestos: 1. Haber cumplido los setenta años de edad; 2. Haber completado los quince años como juez; y 3. Que les haya sobrevenido una incapacidad física o mental que les impida seguir en función.
Además, dispone que el haber de retiro es intransferible, y será equivalente por lo menos al cincuenta por ciento de la remuneración que percibían en activo, por un periodo máximo de nueve años.
Para tales efectos, el Consejo de la Judicatura expedirá el Reglamento en donde se determinen los conceptos, esquemas, cuantía, términos y condiciones para su entrega o transferencia a beneficiarios.
El Reglamento deberá contemplar la creación de un fondo, en donde se establezcan los plazos y montos de aportaciones económicas, que les correspondan a las y los jueces, así como los esquemas de compensación de las aportaciones de los años en que no las hubieran realizado, entre otros lineamientos.
Así las y los legisladores del Estado avalaron por unanimidad el otorgamiento de este derecho, en un acto de justicia para quienes imparten justicia a las y los bajacalifornianos.

A fin de que mayor número de familias se beneficien con el Programa Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles, llamó a la comunidad a
no dejar pasar la oportunidad, ya que el decreto federal llegará a su fin el 30 de septiembre.

El presidente municipal recordó que ese programa permite legalizar sus vehículos, siempre y cuando se hayan registrado en el padrón conforme a los requisitos que establece el decreto, mismo que fue impulsado por el Gobierno de México para los estados fronterizos, donde es común adquirir un carro extranjero a bajo costo.

Para este trámite, explicó Ayala Robles, las personas tienen que registrar su cita, llenar el formulario correspondiente ante el SAT, imprimir el recibo de pago y cubrir el pago de 2 mil 500 pesos en el sistema bancario de su preferencia, además de llenar e imprimir el formato de manifiesto que fomenta la Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera.

Armando Ayala advirtió que hasta ahora no se tiene conocimiento sobre si este decreto va a extender su fecha, por lo que es importante no quedarse fuera y aprovechar este mes para legalizar la estadía de los vehículos y poder obtener las placas fronterizas del estado de Baja California.

Recordó que la amplitud de este decreto fue decisión de las autoridades federales, ya que la fecha límite original estaba prevista hasta julio de 2022, siendo la de septiembre la quinta prórroga del Decreto con el objetivo de darle mayor oportunidad a la población.

La H. XXIV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, emitió un atento exhorto a las y a los titulares de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones y facultades constitucionales, giren instrucciones a sus respectivos Secretarios de Seguridad Pública para que fortalezcan las acciones y estrategias en materia de seguridad, en coordinación con el Gobierno Federal en contra de la trata de personas, la pederastia y explotación de menores de edad.
Lo anterior a propuesta de la diputada Araceli Geraldo Núñez, quien refirió que, en datos recopilados por diversas organizaciones como la CNDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, entre otros, se puede observar que millones de menores de edad son víctimas de trata y explotación en todo el mundo, por lo que la magnitud de esta tragedia exige que enfrentemos este problema con decisión y determinación.
Enfatizó en la importancia de que todas las entidades federativas de nuestro país refuercen su marco legal y legislen penas más duras en casos de delitos graves, en especial la pederastia y otros crímenes que ponen en riesgo la vida y bienestar de los más vulnerables.
Razón de lo anterior, propongo que las entidades federativas consideren las siguientes medidas: incrementar las penas y su aplicación rigurosa, protección de víctimas y testigos, sensibilización y educación para fomentar programas de prevención, colaboración interinstitucional entre gobierno y sociedad civil, así como la revisión periódica de la legislación y políticas públicas, para adaptarlas a las necesidades cambiantes de la sociedad y la evolución de los patrones delictivos.
“En un esfuerzo conjunto, las 32 entidades federativas podemos fortalecer significativamente la respuesta del sistema legal ante delitos graves como la pederastia y contribuir a la creación de un entorno seguro y protector para todos los niños y adolescentes en nuestro país. Desde esta Tribuna hago un llamado a mis colegas legisladoras y legisladores y a las autoridades correspondientes, no tenemos que olvidar que nuestro sistema de justicia y nuestras políticas públicas tienen el poder de moldear la cohesión social y la confianza en nuestras instituciones”, finalizó.