Este domingo, Amador Rodríguez Lozano, Secretario General de Gobierno del Estado de Baja California, se pronunció sobre las novedades de la Ley de Ingresos 2020, abordando el tema del incremento de impuestos estatales, los que aunque impopulares, son necesarios para el fortalecimiento de la economía del Estado.
Recordó que, los 30 años de panismo dejaron a Baja California quebrado, con una deuda por 32 mil millones de pesos, lo que impide el avance estatal, además de una nómina inflada con cientos de aviadores y personas que reciben sueldos millonarios por hacer prácticamente nada, temas que son del amplio conocimiento de la sociedad y, por los cuales, los ciudadanos votaron por un cambio.
El Secretario General de Gobierno fue enfático cuando, respecto a la situación financiera del Estado, apuntó “No es secreto que la economía del Gobierno está en la ruina y que, pese a eso, la nueva administración ha sido responsable en el cumplimiento de sus obligaciones, realizando -entre otras cosas- sin demoras, ni pretextos el pago a maestros, cosa que hace años no ocurría. También se han mantenido e incluso creado programas sociales, como los desayunos escolares calientes que este 2020 se servirán a todos los niños estudiantes de educación básica.”
Por estas razones, subrayó Rodríguez Lozano, los legisladores tomaron la valiente decisión de incrementar algunos impuestos y crear otros, mismos que se propone sean absorbidos por los empresarios, de quienes se espera se unan al mejoramiento de este estado. Cabe señalar, que lo recaudado por estos nuevos impuestos (hospedaje, casas de cambio, gasolina y gas) será destinado a tres rubros principales: pago de deuda, infraestructura y ecología.
Respecto al impuesto de 20% aplicado la ganancia que obtienen los dueños a las Casas de Empeño por la venta de las cosas no recuperadas, se debe a que estos son negocios abusivos que lucran con la necesidad del pueblo a costa de pocas facilidades para recuperar sus artículos, lo cual provoca que quienes empeñan su patrimonio difícilmente puedan volverlo a recuperar; indicó que es un impuesto justo ya que está ganancia no estaba gravada.
En cuanto el mal llamado “impuesto a la gasolina”, el Secretario General de Gobierno señaló que este es un impuesto ambiental sobre la venta de primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo, es decir, un impuesto a la venta de grandes cantidades de crudo y gas LP que realizan principalmente empresas extranjeras a los empresarios gasolineros, no un impuesto sobre la venta directa de combustible a los ciudadanos.
Este impuesto ambiental, apuntó, se crea debido a la necesidad que existe en Baja California de contar con los recursos necesarios para hacerle frente a la contingencia ambiental que se vive, mejorar las condiciones ambientales para ofrecer una mejor calidad de vida a las personas, considerando que en los últimos años los niveles de contaminación atmosférica en la entidad se han incrementado a niveles alarmantes, principalmente en los municipios de Tijuana y Mexicali, siendo este último el más contaminado del país según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), contaminación principalmente provocada por las emisiones de Dióxido de Carbono que emiten las más de 2 millones y medio de vehículos que diariamente circulan en el estado.
Al referirse al impuesto sobre servicios de hospedaje, mismo que será destinado a promover el Turismo de la entidad, es decir, beneficiará directamente a los hoteleros, destacó la novedad de que ahora plataformas digitales como Airbnb que vivían un paraíso fiscal estatal, aportaran a esta promoción turística de la que se sirven, compitiendo lealmente contra las formas tradicionales de hospedaje.
El funcionario estatal apuntó que en el gobierno que encabeza Jaime Bonilla Valdez, no hay tratos en lo oscurito, no hay opacidad, no hay complacencia para el sector empresarial, ni impera el amiguísimo y la corrupción que tanto han dañado a Baja California, por esta razón se implementarán todas las acciones necesarias para que dejen de existir los grandes monopolios y los negocios de unos cuántos, iniciando por los casinos y las gaseras, donde los permisos de operación eran entregados a quienes pudieran pagarlos a cambio de sumas millonarias que se llevaban los funcionarios panistas, cosa que con en este gobierno ya no existe y no es tolerado.
