“Todo animal posee derechos y todo acto de crueldad o maltrato hacía ellos, sin duda debe ser sancionado, enfatizó la Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, al presentar una reforma al Código Penal de Baja California, con el objeto de implementar estrategias para erradicar el maltrato animal o crueldad en contra de un animal.

Esta propuesta legislativa se encuentra encaminada a enaltecer el respeto a los animales, y, a su vez, a convertirse en derecho positivo, encuadrado con la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, buscando, por una parte, aumentar la pena que actualmente se tiene contemplada para los casos de maltrato o crueldad animal.

Así como establecer un agravante de la pena, para los casos en que se dañen animales que participen en labores policiacas, de búsqueda y rescate, o similares, a favor de las personas, indica la inicialista en su exposición de motivos.

También expone que, la Declaración Universal de los Derechos del Animal, es un documento que ha sido aprobado tanto por la UNESCO, como por la Organización de las Naciones Unidas.

Esta Declaración -dijo- considera que todo animal posee derechos, y que el desconocimiento y desprecio a estos, han conducido y siguen conduciendo a la humanidad, a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales.

Además, Claudia Agatón resaltó que, nuestra Ley sustantiva penal en su título quinto capítulo II, denominado Maltrato o Crueldad Animal, contempla un catálogo de delitos con su respectiva sanción, para aquellas personas que los ejecuten.

Hizo hincapié en que, en el artículo 342 del Código Penal para el Estado de Baja California, se establece tanto el tipo penal como la pena respectiva, para quien ejecute actos de maltrato o crueldad animal.

Sin embargo, consideró que no existe una porción normativa que contemple una sanción específica para aquellas personas que causen daño o maltrato a animales que participen activamente a la salvaguarda de las personas, como son los perros K9, que participan con las diversas corporaciones policiacas, para la persecución de delitos, o bien, los perros que, participan en la búsqueda de personas en una catástrofe natural, como lo fue la perrita Frida.

“Y así podemos poner muchos ejemplos de animales que, no solo están ocupando un importante lugar en la vida de las personas, sino que van más allá y participan para su cuidado y bienestar, tal y como los perritos que apoyan a las personas con discapacidad visual”, concluyó.

“Hoy en día, el uso de las tarjetas de crédito y débito es cada vez más usual entre los usuarios, sin embargo, hay empresas y establecimientos que cobran comisión por el uso de la terminal al realizar pagos con tarjetas”, indicó el Diputado Román Cota Muñoz.

Así los indicó el Congresista local, al presentar ante el Pleno, en la reciente sesión presencial un posicionamiento referente a la situación en la cual los establecimientos realizan cobro indebido de comisión por uso de terminal al consumidor en Baja California.

Según mencionó, el cobro de comisión a los usuarios de tarjetas de crédito o débito, que realizan algún tipo de compra, no está permitido de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), ya que dicha comisión se pacta en un contrato de adhesión entre el establecimiento y la institución bancaria/financiera que presta el servicio (terminal bancaria).

Los establecimientos que realizan este tipo de cobros, que van del 3 al 5 por ciento sobre el valor total de la compra o servicio, generalmente lo hacen para saldar gastos de comisión por el uso de la terminal bancaria, y así pagar los costos con el cobro de tarjetas que le corresponde al establecimiento.

Aunado a ello, en los contratos se especifica que el cargo extra debe ser pagado por el negocio y no por el cliente, enfatizó.

En México -dijo- no existe una ley que prohíba a un comercio cobrar a los clientes trasladar la comisión del cobro con tarjeta. Sin embargo, la Condusef sugiere a los clientes que presenten una queja ante la institución bancaria dueña de la terminal.

Otra institución en donde los clientes pueden levantar una queja, es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); pero la queja solo queda en eso, pues no hay una sanción establecida por la autoridad cuando se hace eso.

También los clientes pueden presentar una queja, directamente a la institución que otorgó la terminal, y ésta decidirá qué medida tomar, como por ejemplo cancelar el contrato por el uso de sus servicios.

Al respecto, la CONDUSEF se ha pronunciado, haciendo público en su sitio web oficial que hay establecimientos comerciales que realizar el cobro de una “comisión” o “recargo” que puede ir del 3 al 5 por ciento, sobre el valor total de la compra o servicio, cuando el pago es realizado mediante una tarjeta de crédito o débito.

Al respecto, argumenta la Comisión que, se incumple con lo que los comercios pactan con las instituciones bancarias, ya que en los contratos para el uso de terminales punto de venta, se señala claramente que el pago de este servicio no debe repercutir en el costo de los bienes y servicios que promueven los comercios con su clientela.

En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, presentó el dictamen número 73, correspondiente a la iniciativa de reforma al artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que fue aprobado por mayoría.

La propuesta de reforma fue presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, para insertar en el Código antes mencionado, al artículo 132, el nombrar a un asesor jurídico de oficio, cuando el ofendido o víctima no sea localizado, a fin de que en su nombre realice las intervenciones correspondientes en las etapas del proceso penal y no dejarlo en estado de indefensión.

Sin embargo, en la práctica como lo hemos estado mencionando muchos de esos ofendidos o víctimas ya no se encuentran en su domicilio, no se pueden localizar para hacer de su conocimiento la continuidad de su proceso hasta su culminación. Y en el numeral 110 de la Codificación multirreferida no hace alusión que sucede en esos casos.

Por lo que, al realizar el análisis de la propuesta, la Comisión consideró jurídicamente procedente la reforma planteada por la inicialista, refiriendo que, tanto a nivel Constitucional, como de la codificación procesal, se garantizan los derechos de los ofendidos y víctimas de un delito, siendo uno de esos derechos que además de contar con la institución del Ministerio Publico también deben de contemplar con la figura de asesor jurídico.

Analizado lo anterior, esta Comisión advierte de manera clara que la propuesta legislativa tiene bases y soportes constitucionales, asimismo la iniciativa se encuentra encaminada a reformar una disposición de competencia federal, por lo que la inicialista en el uso de sus facultades, presentó la iniciativa ante esta Soberanía, solicitando haga suyo el planteamiento legislativo, con la finalidad de que sea remitida al Congreso de la Unión.

En sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, fue aprobada la iniciativa presentada por la Dip. Daylín García Ruvalcaba, que pretende reformar los artículos 2, 8 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Con esta iniciativa, se busca implementar las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno abierto a través del uso de Contratos Marco como alternativa a las licitaciones públicas para ser proveedor del estado.

Otro eje toral de esta reforma, es la apertura a la ciudadanía de todas las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, a través de su trasmisión en vivo en redes sociales, en aras de que los ciudadanos sean testigos en primera persona del debido ejercicio del recurso que ellos han aportado.

Asimismo, la reforma al Artículo 8 de la Ley, pretende dar prioridad a empresas con domicilio fiscal en Baja California para la asignación de contratos de servicios o proveeduría hacia el Gobierno.

En conjunto, las reformas aprobadas en comisión son parte de un esfuerzo por la Dip. García Ruvalcaba para fortalecer las cadenas de proveeduría dentro del estado, y transparentar la cuenta pública del mismo, haciendo de Baja California un estado modelo en rendición de cuentas e integración económica local.