En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, el diputado Julio César Vázquez Castillo, presentó en tribuna un punto de acuerdo donde se exhorta al titular del Instituto de Movilidad Sustentable del Estado de Baja California (IMOS), Lic. Jorge Alberto Gutiérrez Topete, a efecto de que se realicen las investigaciones necesarias respecto de los hechos de violencia ocurridos en rutas de transporte público de Tijuana.

Como antecedente, destacó que, con fecha del 3 de marzo de 2020, el entonces Gobernador del Estado, emitió el Decreto por el que se crea el IMOS, para establecer una política pública que garantice la movilidad y transporte sustentable a la ciudadanía. En ese sentido, el decreto contempla en su numeral 4, que el Instituto tendrá entre sus atribuciones, regular y administrar el transporte público y privado, de pasajeros y de carga, así como otorgar, cancelar o suspender autorizaciones, concesiones y permisos a los transportistas.

En su exposición de motivos, el legislador Julio César Vázquez, recordó que en el mes de abril se dio a conocer que un chofer de transporte público, de los denominados Calafia en la ciudad de Tijuana, con el numero 124 color verde y crema, fue denunciado públicamente mediante video tomado desde un celular, por el abuso y amenazas realizadas a una persona de la tercera edad, ya que no contaba con identificación de adulto mayor, para poder aplicarle la tarifa preferencial.

De igual forma, otro chofer de otra Calafia fue grabado amenazando a estudiantes, por no haber querido detenerse para subirlos, haciendo ver que sabía la colonia donde hacen uso del servicio como también, de la persona con quien habitualmente se subían a la unidad de transporte, y que se vengaría en la próxima vez que se subieran.

Así también, respecto de los actos violentos ocurridos con el chofer de la empresa ALTISA ruta 5 y 10, el cual también fue grabado con video desde el celular, de la usuaria, quien hizo ver el posible intento de violación que sufrió la joven respecto del chofer de la Calafia identificada con el número TR-ZM-14932, placas de circulación A-263-ADL, quien afortunadamente logro bajar del transporte aparentemente sin daño físico, pero si psicológica.

“Es por ello, que hoy compañeras y compañeros, les pido se sumen a este exhorto, para que el Titular del IMOS, Lic. Jorge Alberto Gutiérrez Topete, con base a sus atribuciones, realice las indagatorias y sancione a las empresas y/o choferes que han realizado los actos denigrantes descritos con antelación. Así como también, para que informe sobre los asuntos similares, que el IMOS ha sancionado durante el ejercicio fiscal 2022 y 2023, y poder así estar en condiciones para determinar en su momento, sobre la necesidad de legislar en la materia, o exhortar al Ejecutivo para realizar acciones tendientes a la seguridad de los usuarios”, finalizó.

En Sesión Ordinaria virtual de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, que preside la diputada Rocío Adame Muñoz, fue presentado y aprobado el proyecto de Acuerdo relativo al proceso legislativo por el que se crea la Ley en materia de Desaparición Forzada de personas del Estado de Baja California, presentada por la diputada María del Rocío Adame Muñoz y por el diputado Sergio Moctezuma Martínez López.

La Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, compartiendo y ejerciendo los valores democráticos de la transparencia, las prácticas de parlamento abierto y la participación activa de la ciudadanía, emitió el Acuerdo con el propósito de recabar las opiniones de organismos de la sociedad civil, colectivos, asociaciones, académicos, especialistas, autoridades y de la sociedad en general, en temas de desaparición forzada de personas para enriquecer la pieza legislativa que esta Soberanía prepara, por lo que se llevará a cabo el ejercicio de Parlamento Abierto, en su modalidad de Mesas de Trabajo, en las ciudades de Tijuana, Mexicali y Ensenada.

Podrán participar toda la sociedad civil organizada y ciudadanía en general, que manifieste su interés en la protección de derechos fundamentales, en particular aquellos que se relacionan con la desaparición forzadas de personas, los trabajos serán moderados y conducidos por la Presidencia de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, con el propósito de alcanzar la máxima publicidad, la audiencia será transmitida en el Canal Oficial del Portal de Internet del H. Congreso del Estado y por medio de redes sociales.

La diputada Rocío Adame, indicó que se llevarán a cabo convenios de colaboración, por parte de la Unidad de Asuntos Jurídicos, con las Instituciones y dependencias de gobierno, como la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, de manera que se formalicen los trabajos. Por su parte el presidente de la CEDH, Miguel Mora Marrufo, destacó el trabajo realizado por el Congreso del Estado al dar cumplimiento a un punto recomendatorio de la Recomendación General 1/2021, en la cual se documentaron las prácticas irregulares por parte del Ministerio Público en la integración de las averiguaciones previas de personas desaparecidas.

Al momento del uso de la voz, la subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social, de la Secretaría General de Gobierno, Rebecca Vega Arriola, externó que la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, instruyó a esta dependencia principalmente, por ser quien alberga a la Comisión Estatal de Búsqueda, para que se realice el trabajo en conjunto necesario y que sea una realidad la Ley en materia de Desaparición Forzada de personas del Estado de Baja California.

Estuvieron presentes además de la presidenta de la Comisión las diputadas Araceli Geraldo Núñez, Dunnia Montserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz y Evelyn Sánchez Sánchez, así como los diputados Juan Manuel Molina García, Román Cota Muñoz y Sergio Moctezuma Martínez López.

De igual forma, se contó con la presencia y participación de Rebecca Vega Arriola, subsecretaria de Enlace Institucional y Vinculación Social de la Secretaría General de Gobierno, Miguel Mora Marrufo, Presidente de la CEDH, María Elizondo, Asesora Jurídica para el Comité Internacional de la Cruz Roja, Adriana Pozos, del Programa de Personas Desaparecidas en México, y Renata Demichelis, de Elementa Derechos Humanos.