Las y los integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, aprobaron 6 Dictámenes de diversas materias legales, en Sesión realizada por primera vez en la Sala de Juntas de FIARUM, del poblado la Rumorosa, de Tecate, B.C.
Después de su respectivo análisis, se aprobó la iniciativa presentada por la Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la cual tiene como propósito abrogar la Ley que Crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de B.C., por considerarse que ha cumplido su objetivo en nuestra entidad.
Es oportuno destacar que la Gobernadora, argumentó en su exposición de motivos que, a raíz de los Decretos expedidos por el Gobierno de la República, en materia de la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, es el Ejecutivo Federal el que toma la conducción del registro y regularización de dichos vehículos, con apoyo del Ejecutivo Estatal, de ahí la idea de suprimir la ley referida.
De igual forma se aprobó diversa propuesta de la Gobernadora del Estado, con la cual se procura establecer en el Código Penal, una nueva hipótesis conductual que actualice el delito de “Usurpación de profesiones”, así como agravar la pena de suspensión, por delitos cometidos a causa de responsabilidad médica, esto para quienes lleven a cabo un procedimiento quirúrgico de especialidad médica, sin contar con la certificación respectiva.
Por otra parte, fue respaldada la iniciativa del dip. Juan Manuel Molina y la diputada Dunnia Montserrat Murillo López, para reformar la Constitución, el Código Civil, y la Ley Orgánica del Poder Judicial, todos del Estado, a fin de incorporar el derecho de niñas, niños y adolescentes a convivir con sus padres y fortalecer la preservación del interés superior de la niñez en materia penal, civil y familiar, previniendo la Violencia Vicaria, principalmente en contra de las mujeres.
Otro proyecto admitido fue el de la legisladora Rocío Adame Muñoz, quien presentó la iniciativa que crea la Ley de Adopciones para el Estado de Baja California, la cual tiene como propósito contar con un instrumento jurídico que regule de manera eficaz el derecho de niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad a ser adoptados, ponderando el interés superior de estos, y la intención de integrarlos al seno familiar, y que las personas adoptantes cubran el perfil de idoneidad.
También tuvo el apoyo de los legisladores, la iniciativa expuesta por la diputada Alejandra Ang Hernández, la cual tiene como intención, habilitar un buzón digital, para la Auditoria Superior del Estado, a efecto de fortalecer los procesos jurídicos de fiscalización de la cuenta pública, para los 124 entes fiscalizables, lo cual ayudará a eficientizar los recursos, así como disminuir los costos y tiempos en la ejecución de los procesos de las auditorias.
A fin de agravar la calificativa en los delitos de lesiones y homicidio, cuando se cometan en contra de servidores públicos, con funciones de seguridad pública, investigación de delitos, administración o procuración de justicia y ejecución de penas, como consecuencia del desempeño de sus funciones, así como cuando se cometa en contra de abogados litigantes con motivo de su ejercicio profesional, fue aprobada la proposición del diputado Juan Diego Echevarría, que reforma el Código Penal.
En el desarrollo de estos trabajos legislativos participaron las y los diputados integrantes de la Comisión, Juan Manuel Molina García, Alejandra María Ang Hernández, Daylín García Ruvalcaba, Julia Andrea González Quiroz, Liliana Michel Sánchez Allende y Evelyn Sánchez Sánchez, así como Rocío Adame Muñoz y Juan Diego Echevarría Ibarra, ambos en calidad de inicialistas, y por su parte el diputado Román Cota Muñoz, como asistente interesado en los proyectos.
De la misma manera, se contó con la colaboración del lic. Francisco Javier Tenorio Andújar, Director de Consultoría Legislativa, quien fue el responsable de presentar los proyectos de dictamen para su lectura, así como con las debidas asesorías del lic. José Fernando Velarde Núñez, representantes del Poder Ejecutivo, y del C.P. Arnulfo Raúl Zarate Chávez, Subauditor de la Auditoria Superior del Estado.
