La Diputada Rocío Adame Muñoz presentó una iniciativa para crear la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Baja California en concordancia con la ley federal.

En su exposición de motivos la Legisladora Adame Muñoz menciono que el objetivo es establecer un marco normativo local en esta materia. Dijo que la lucha por el respeto de los derechos humanos ha sido en las últimas décadas una de las empresas más grandes para el bienestar de la humanidad.

Mencionó que una de las causas que más ha sido objeto de atención es la de la desaparición forzada de personas, la cual se ha presentado de manera creciente a partir de la segunda mitad del siglo XX, principalmente en los regímenes de gobierno que han practicado actos de represión.

Expuso que uno de los más grandes actos de desaparición forzada ocurrido en el municipio de Iguala, Estado de Guerrero, ahí fueron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, también conocida como “Escuela Rural de Ayotzinapa”.

Se ha considerado la desaparición forzada de personas como un delito complejo, pues afecta diversos derechos fundamentales como lo son el derecho a la vida, libertad, seguridad personal, a un trato humano y respeto a la dignidad; así como a la libertad de opinión, expresión e información, e incluso a los derechos laborales y políticos, subrayó.

Si bien es cierto que el año pasado se constituyó una Comisión Estatal de Búsqueda, las diversas organizaciones en el Estado han manifestado públicamente que su labor ha resultado insuficiente, por lo que no se ha dado el seguimiento debido a los más dos mil casos que hay pendientes de esclarecer, recalcó.

“Es por todo lo antes expuesto que resulta necesario elaborar una regulación local armónica con la ley federal, que atienda de manera adecuada ese conflicto social, buscando desarrollar un cuerpo normativo que sea el instrumento adecuado para prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de nuestro Estado”, precisó.

Tanto la realizada con la intervención de servidores públicos como la cometida por particulares, incluyendo desde luego la regulación relativa al Sistema Estatal de Búsqueda de Personas, acompañada de todas las disposiciones complementarias que sirvan como una herramienta legal adecuada para el logro de sus fines, finalizó.

La presente iniciativa fue turnada a la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, para su respectivo análisis y posterior dictaminación.

La diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, presidenta de la Comisión de Salud de la XXIV Legislatura presentó ante la máxima tribuna de esta Soberanía posicionamiento relativo al día internacional de lucha contra el cáncer de mama.

La legisladora Rodríguez Lorenzo dijo que en México, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres de 25 años y más, de acuerdo con las estadísticas arrojadas por la Organización Mundial de la salud (OMS) se estima que, cada año en las Américas, más de 462 mil mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama y casi 100 mil mueren a causa de esta enfermedad.

Explicó que a partir de los 20 años es necesario que la mujer efectúe dichos exámenes de autoexploración de la mama, siendo esta una buena forma de detectar el cáncer en un estadio temprano, y por ende cuando puede tratarse con mejores resultados.

“No todos los casos de cáncer pueden detectarse de esta forma, pero es un paso importante que las personas pueden y deben implementar por cuenta propia”, precisó.

Expuso que los exámenes de detección tienen muchos objetivos, pero es eficaz cuando se identifica un cáncer antes de que aparezcan los síntomas.

Mencionó que el objetivo del posicionamiento es sumarme a las campañas de sensibilización sobre el cáncer de mama durante el mes de octubre de este año, y expresar a la ciudadanía que este puede ser detectado temprano y tratado de forma efectiva, por ello, la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama.

También es indispensable que todos los órdenes de gobierno y entes autónomos se sumen a las campañas y cumplan a cabalidad con los programas de prevención y control del cáncer de mama.

Además garanticen el tratamiento oportuno a quien sufra esta enfermedad. Destacó inclusive, que en otros países los cannabinoides son ampliamente utilizados por las personas enfermas de cáncer de mama para tratar las náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia, además de mejorar el estado general; por ello, la importancia de legislar sobre el uso medicinal del cannabis mediante su inclusión en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.

Finalmente, solicitó a la Diputada Presidenta del Congreso del Estado, autorizar que durante el mes de octubre del año en curso, que el edificio del Poder Legislativo sea iluminado de color rosa como tradicionalmente se ha realizado, en conmemoración del día 19 de octubre Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, y como mensaje de concientización a la sociedad, apoyo y solidaridad a quien sufre esta enfermedad.

Para reforzar las acciones del programa Escuadrón Violeta, que el pasado jueves puso en marcha la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, en Ensenada, se construirá un área denominada “Familia Violeta”.

El alcalde Armando Ayala Robles informó que este espacio que se ubicará en lo que será el CM5, será atendido por personal de Prevención al Delito adscrito a UNAVI-Escuadrón violeta.

“En este espacio se brindarán asesorías jurídicas, psicológicas y otras instancias, para su seguimiento, en caso de requerirse”, explicó.

El primer edil indicó que se trata de contar con un espacio para la atención a las víctimas de violencia, pues actualmente son concentradas en las estaciones de policía y en ocasiones, pueden resultar inadecuadas para avanzar en este proceso tan sensible.

Ayala Robles reiteró su compromiso de continuar trabajando de la mano con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno para seguir avanzando en el abatimiento de la violencia en todas sus manifestaciones.

Sobre el tema, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, reconoció que, a nivel estatal, existen grandes retos que cumplir en materia de Seguridad Pública, los cuales están asumiendo y enfrentando con la cara el alto.

 

 

Al mismo tiempo, destacó que el municipio de Ensenada es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay comunicación y coordinación.
“Porque traemos una incidencia a la baja prácticamente en todos los delitos de alto impacto”, enfatizó.

Dijo que, si bien aún existen retos respecto a la atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres, estos serán atendidos con responsabilidad mediante el Escuadrón Violeta, con el equipamiento que el Gobierno Municipal que preside Armando Ayala, puso a disposición de la comunidad, fin de llevar los delitos de género hacia la baja.

“Ojalá pudiéramos dejarlos en cero; esa es la meta que todos tenemos. Estamos trabajando en equipo y sentando las bases”, mencionó Avila Olmeda durante el arranque del programa Escuadrón Violeta en Ensenada.

En torno a las cifras en materia de seguridad, el presidente municipal Armando Ayala Robles, reiteró que durante el primer año del XXIV Ayuntamiento, se logró un decremento del 54 por ciento en los delitos de alto impacto como lo son el homicidio.

Armando Ayala precisó que también se mantiene una incidencia sostenida a la baja del 13.4 por ciento en los delitos menores, sin embargo, reconoció que aún falta por hacer en este tema primordial para su gobierno.

Recordó que en este año, se reforzó con el apoyo de la iniciativa privada a los distintos grupos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, otorgándoles mayor equipamiento que han permitido la reducción de la incidencia delictiva, pasando, por ejemplo, de 200 a 600 patrullajes por día.

En los últimos meses, se han entregado 20 patrullas con una inversión superior a los 25 millones de pesos que refuerzan las labores de la policía Campestre y Turística; del Grupo de Operaciones Especiales, del K9 y de la Unidad de Atención a Víctimas con el programa Escuadrón Violeta.

Los legisladores del Estado aprobaron por mayoría, la proposición presentada por la diputada Daylín García Ruvalcaba, en la cual se instruye al Titular de la Unidad de Contraloría Interna del Congreso del Estado de Baja California, para que a más tardar en 45 días informe respecto de aquellas diputadas y diputados que cumplieron en tiempo y forma con la obligación de presentar su declaración de inicio de situación patrimonial, así como de aquellos que no hayan cumplido, con la finalidad de dicha información sea expuesta en la página de internet de la Cámara de Diputados.

En su exposición de motivos Daylín García comentó, “la Constitución Federal establece en su artículo 108, que los diputados locales, así como otros servidores públicos, están obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que marque la ley, por su parte el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estipula que las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución.”

En el mismo orden de ideas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, en el artículo 33 fracción I, establece que la declaración inicial de situación patrimonial deberá presentarse en un plazo dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión, igualmente tendrá el mismo plazo para presentar su declaración de conclusión al terminar su encargo.

La diputada del partido Movimiento Ciudadano señaló que “a partir del inicio de esta XXIV Legislatura, diversos servidores públicos, incluyendo los diputados, debieron haber cumplido ya con su obligación de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses, pues en esta Tribuna ya se ha manifestado por su servidora y por otros compañeros legisladores, la importancia de cumplir con dichas obligaciones, representando un mensaje contundente hacia nuestros representados, y hacía la ciudadanía en general, demostrando que en el Congreso del Estado de Baja California, ponemos el ejemplo de apego a la legalidad, transparencia y combate a la corrupción”.

Es momento de que los ciudadanos de Baja California, así como los integrantes de esta Asamblea, conozcan quienes son los servidores públicos que no han cumplido en tiempo y forma, o quienes ni siquiera cumplieron con dicha obligación, de igual forma es momento para que la Unidad de Contraloría Interna informe sobre el estado de las acciones que ha emprendido para sancionar a aquellos servidores públicos incumplidos, concluyó la legisladora.

La diputada morenista, Araceli Geraldo Núñez, presentó una iniciativa en beneficio de los centros escolares que son víctimas de los delitos de allanamiento y robo, por lo que propone una reforma al Código Penal para el estado de Baja California, mediante la cual se reforma el artículo 174, se deroga el inciso J del artículo 208 y se adiciona el artículo 201 QUATER.

En el documento se explica que la presente iniciativa, se refiere al estudio del delito de allanamiento de morada, pero relacionado al ilícito penal de robo, del cual diversos centros educativos son víctimas, en especial los de enseñanza pública, ya que según se ha advertido en noticias públicas y en denuncias realizadas por la sociedad civil, es un delito cometido en perjuicio de los centros escolares y quienes lo resienten en mayor grado son los estudiantes al quedar en estado de vulnerabilidad por la imposibilidad de recibir sus clases en dichos planteles escolares.

Por lo anterior, se considera que se trastocan derechos de rango constitucional, como es el derecho a la educación, al dejar a los educandos sin la posibilidad de llevar a cabo sus jornadas escolares de manera normal, siendo que la niñez y las juventudes son quienes están forjando los cambios y el crecimiento de esta nación, por lo que dichos delitos causan un grave daño social, además de las pérdidas materiales y económicas, por lo que resulta razonable mitigar los riesgos de seguridad en las escuelas, a partir de la adopción de medidas que permitan generar un adecuado balance entre los derechos que cada estudiante requiere.

Cabe destacar que el delito de robo en centros educativos se encuentra actualmente en el capítulo de robo calificado, sin embargo, la diputada Araceli Geraldo indica que, es preciso delimitar a mayor grado la descripción actual de las conductas que deben de penalizarse y el alcance de las penas a aplicarse con motivo de la comisión de dicho ilícito, por lo cual considera necesario establecerlo en un apartado independiente, limitado a las instituciones de educación pública o privada.