La Comisión de Justicia, que preside el diputado Sergio Moctezuma Martínez López, presentó ante el Pleno del Congreso, el dictamen número 16, respecto de la iniciativa de reforma al artículo 208 QUARTER del Código Penal para Estado de Baja California, para la armonización del Código Penal Local, con la disposición del Artículo Segundo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Como antecedente, en fecha 12 de octubre de 2022, la Diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó ante Oficialía de Partes de esta Soberanía, iniciativa para la armonización del marco Estatal conforme los ajustes que ha tenido el marco constitucional y legal de esta materia, ya que que antiguas denominaciones que se manejaban y describían entre otros, en el Código Penal para el Estado de Baja California, dejaron de surtir efectos y desaparecieron por la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales.

En su análisis, la Comisión advierte de manera clara que la propuesta legislativa tiene bases y soportes constitucionales previstos en los artículos 39, 40, 41, 43, 116 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando las motivaciones de la inicialista respecto a que el 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma Constitucional, que implicó un rediseño de nuestro sistema de justicia para convertirlo de carácter mixto a uno de carácter acusatorio y oral, asimismo el 31 de octubre de 2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Por lo anterior la comisión dictaminadora informó que resulta jurídicamente procedente a fin de llevar a cabo la armonización del Código Penal Local, con la disposición del Artículo Segundo Transitorio de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, se propone fortalecer la legislación actual en los términos que plantea, para así evitar, que con motivo de tecnicismos, o simples denominaciones, una persona pueda sustraerse de la acción de la justicia por no empatar la legislación actual de nuestro Código Penal con la legislación actual o al contrario, que personas ajenas a la comisión de un delito, no puedan otorgarse una excluyente de responsabilidad.

La Diputada Dunnia Montserrat Murillo López, presentó una Iniciativa a la Ley de Educación del Estado, con el fin de que se contemple la prevención de la trata de personas desde las aulas, al ser las niñas, niños y adolescentes quienes en su mayoría son víctimas de este delito.
En su exposición de motivos, mencionó que este es uno de los delitos más lucrativos del mundo, afectando considerablemente a las niñas y niños, ya que una de cada tres víctimas es menor de 18 años, y la proporción de trata se ha triplicado en los últimos quince años.
Consideró en su exposición de motivos, la importancia de que los educandos sepan qué es la trata de personas, y cómo pueden prevenirla, para que estén alertas al usar las tecnologías de la información.
Así mismo, para que sepan los riesgos que corren al hablar con personas extrañas o compartir información sobre ellos y sus familias, y reconozcan cuando se encuentran en peligro, agregó.
Luego indicó la Legisladora de Morena que, a pesar de contar con una legislación transversal en esta materia, esto no ha disminuido el delito, sino que ha ido en aumento.
Posiblemente sea por una mayor concientización por parte de los padres y de las autoridades educativas hacia nuestros niños y adolescentes, para que sepan lo que significa la explotación y como se puede prevenir desde el ámbito familiar y también el de la educación, añadió.
Es necesario -dijo- que nuestra ley contenga preceptos específicos especiales dedicados al tema donde se aborde de manera precisa y sin ser confundida con otros temas, las causas y las formas de autocuidado,
Por ello, indicó que es importante que mediante los planes de estudio, niñas, niños y adolescentes puedan recibir orientación sobre prevención, detección y denuncia sobre el delito de trata.
Por tales motivos, propuso una adición al artículo 6 de la Ley de Educación del Estado de Baja California, para quedar como sigue: XX.- Desarrollar y aplicar acciones para la prevención de Ia trata de personas, a fin de sensibilizar a los educandos y padres de familia sobre este delito y el alertar sobre el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.
XXI.- . Determinar y formular contenido para los planes y programas de estudio, que tengan por objeto la prevención del delito, particularmente el de trata de personas.

El Diputado Román Cota Muñoz, presentó una Iniciativa de Reforma al artículo 301 del Código Civil del Estado de Baja California, con el fin de evitar el abandono de las personas adultas mayores, por ser uno de los problemas que aquejan a nuestra sociedad.
Al motivar su iniciativa, expuso que el abandono social en personas adultas mayores, se define como la falta de atención y cuidado de los familiares y de la sociedad, cuyas repercusiones afectan en gran medida sus aspectos biológico, psicológico y emocional.
Mencionó que, en otra época, el respeto y cuidado a los ancianos era un acto recíproco. En esta concepción, hoy una parte de los adultos mayores (considerados de 60 años o más de edad en la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores), son seres marginados y vulnerables en su condición humana.
Situación que deriva de la inseguridad social y económica a la que se enfrentan, por lo que muchos de ellos, viven en una constante lucha por integrarse a la sociedad, y muchas veces a sus propias familias, ya que han sido considerados a su vez, como personas menos productivas y autosuficientes, por lo cual a menudo son víctimas de discriminación y maltrato al interior de su entorno familiar.
En lo anterior –dijo- podemos observar que el abandono o descuido, se encuentra dentro de una forma de maltrato del adulto mayor, y sin importar la modalidad del mismo, sufrirá un detrimento en su persona y como consecuencia sus derechos humanos serán violentados.
Añadió que los estudios han demostrado que la gran mayoría de los adultos mayores, no conocen cuáles son sus derechos, lo que limita su exigibilidad y propicia actos de discriminación, abandono y maltrato hacia ellos.
Por otra parte, subrayó que las personas mayores que están siendo víctimas de un maltrato, se encuentran en una situación de aislamiento y soledad, muchas veces sólo están en contacto con las personas que ejercen sobre ellos el maltrato, y tienen miedo o están imposibilitados para denunciar a sus propios familiares.
Por tales motivos, planteó una reforma el artículo 301, del Código Civil del Estado de Baja California, para quedar como sigue: Artículo 301.- Los hijos están obligados a dar alimentos, así como del cuidado especial que requieran a los padres. A falta o por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. En el caso de aquellos adultos mayores de sesenta años de edad, que carezcan de capacidad económica, deberán proporcionarles, dentro de sus posibilidades económicas, lo necesario para su atención geriátrica, de preferencia integrándolos a la familia, evitando en cualquier momento la situación de abandono.