Las investigaciones por desvío de recursos que se siguen en contra del ex mandatario estatal Francisco “Kiko” Vega  de Lamadrid, le corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE), señaló el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

Cuestionado sobre este tema, durante su habitual transmisión en vivo, el jefe del Ejecutivo estatal precisó: “Nuestra responsabilidad llega hasta formular y presentar la denuncia, completar todos los datos y entregárselos a la Fiscalía”.

Aseguró que “el proceso va muy avanzado” y que incluso, “la FGE ya citó a declarar al ex gobernador panista y varios de sus colaboradores”, sin embargo, insistió que “el tema está en manos de la Fiscalía, que es un ente autónomo y que sería el responsable de ejecutar la detención”.

Como se recordará, esta administración estatal, por conducto de la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, levantó una demanda contra el ex gobernador Francisco Vega y algunos de sus funcionarios, por desvío millonario de recursos y
uso de facturas falsas en gastos de gran cuantía.

A través de la conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, la diputada federal Zulema Adams, abordó el tema sobre lo autos "ilegales”.

La funcionaria destacó la importancia de regularizar, así como tener un censo de los autos "chocolate", ya que es muy fácil desprenderse de cualquier problema vehicular debido a que no existe un propietario que lo avale.

Adams exhortó a los diputados a replantearse dicho tema, ya que por ser frontera, los registros de robos en vehículos sin legalizar va a la alza.

MEXICALI.- La Gobernadora Electa de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció a través de sus redes sociales nuevos nombramientos de personas que integrarán su gabinete, ocupando diversos cargos a partir del 1 de noviembre, además tendrán la tarea de colaborar en el proceso de transición gubernamental durante los próximos días.

Se trata de Arturo Espinoza Jaramillo como secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Alma Rosa García Juárez como secretaria de Pesca y Acuacultura y Melba Adriana Olvera Rodríguez como subsecretaria de Derechos Humanos.

Arturo Espinoza Jaramillo es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ejerciendo sus primeros años de ejercicio profesional en la iniciativa privada entre 1984 y 1989, y posteriormente trabajar como Residente General de Obras Públicas de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Estado entre 1989 y 1992, obteniendo después la Dirección de Obras Públicas del Estado de 1992 a 1995.

Asimismo, fue Director de Obras y Servicios Públicos de Mexicali en los ayuntamientos XV y XVI, que cubrieron el periodo entre 1995 y 2001, siendo secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano entre 2001 y 2007, haciéndose responsable de grandes obras viables, puentes, carreteras, edificios públicos y el desarrollo de infraestructura hídrica.

A Espinoza Jaramillo se le caracterizó por desplegar importantes obras de pavimentación, así como el desarrollo de ordenamiento territorial en materia de planeación urbana y vivienda, basándose en la efectividad y diseñando sistemas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Mientras que Alma Rosa García Juárez es licenciada en Biología por la UABC, además de contar con una maestría en Ciencia Pesquera por la Facultad de Ciencias del Mar en Mazatlán, Sinaloa y doctora en Ciencias por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en La Paz, Baja California Sur.

Es una destacada investigadora de la ciencia pesquera, por lo que ha motivado alianzas con los sectores productivos, la academia, diferentes órganos de Gobierno e instituciones como CONAPESCA, SEMARNAT y CONANP, siendo una líder del sector pesquero bajacaliforniano, contribuyendo en la formación de profesionistas desde el Instituto Tecnológico del Mar en Ensenada, Baja California, así como del Instituto Tecnológico de Sonora en Guaymas; además es investigadora del INAPESCA desde 2004, centrándose en el manejo de los recursos marinos, la ecología marina, la acuicultura y las pesquerías.

Por su parte, Melba Adriana Olvera Rodríguez cuenta con una Maestría y Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, además de una licenciatura en Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), donde fue acreedora al Reconocimiento al Mérito Escolar en 2001.

Es una profesional con más de dos décadas de experiencia en el servicio público social, ejerciendo acciones a nivel nacional e internacional, colaborando con la PROFECO, el DIF Nacional, la Comisión Nacional de lo Derechos Humanos, y participando de manera activa en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En junio de 2015 fue nombrada Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, convirtiéndose en la primera mujer en el cargo y ejecutando acciones de fuerte impacto institucional, para posteriormente ocupar la Dirección de Atención al Migrante y la Secretaría de Bienestar en el XXIII Ayuntamiento de Tijuana, impulsando el primer centro…

La diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó una iniciativa de reforma para adicionar el artículo 126 BIS al Código Nacional de Procedimientos Penales.

El objetivo de dicha iniciativa es establecer las condiciones en que el defensor o el imputado, pueden acudir ante el Órgano de Control a fin de solicitar lo que en la codificación anterior se conoce como “auxilio judicial”.

Geraldo Núñez aseguró que en la actualidad aún nos encontramos con lagunas en la norma Nacional de Procedimientos Penales; explicó que antes al Juez del sistema tradicional las partes le peticionaban girar oficios a las dependencias para la obtención de información; requerir algún peritaje, entre otras, lo que hacía más tardado y laborioso el proceso en materia penal.
A menos que el imputado reconociera su participación en el delito y solicitara un procedimiento sumario, a fin de que fuera sentenciado lo más pronto posible de acuerdo a la carga de trabajo del juzgador, precisó.

Por lo anterior, el Ministerio Público será quien primeramente debe prestar el auxilio al imputado o defensor que se lo solicite. Cuando requiera apoyo para la obtención de información, entrevistas con testigos o algún peritaje en específico; ya que también al acusador le interesa allegarse de todos los datos que le puedan servir en su teoría del caso como a la contra parte, aseguró.

La diputada Geraldo Núñez propone adicionar al Código Nacional de Procedimientos Penales que el auxilio judicial sea prestado a todas las partes de un proceso, a fin de garantizar los derechos fundamentales.

De ser aprobada esta iniciativa por el Pleno de la XXIV Legislatura del Estado de Baja California, se solicitará su remisión al Congreso de la Unión para su trámite correspondiente.