El Presidente de la Coparmex en Mexicali, Octavio Sandoval López, tiene un adeudo ante el organismo operador de agua en Mexicali por 174 mil 334.84 pesos, de acuerdo al dictamen que elaboró la empresa auditora Fisamex, por lo que, la administración estatal contempla presentar una denuncia penal por robo de agua.

 

El representante de Fisamex, David Germán, acompañado de la titular de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, presentó a detalle el resultado de la investigación efectuada en la vivienda del usuario en mención, en la capital del estado.

 

“Se detectaron anomalías en las lecturas realizadas al usuario por parte del organismo mostrando consumos irregulares, cuenta con facturaciones en las cuales la cantidad de metros cúbicos son en cero, durante las inspecciones realizadas se detectó que la vivienda está habitada”.

 

El representante de Fisamex puntualizó que en las visitas de campo se encontró que el medidor se encuentra dentro del predio, en un lugar inaccesible para su lectura, no sobre la banqueta.

 

Para este caso, amparados en la Ley que permite realizar determinaciones presuntivas se procedió a la instalación de un aparato medidor el día 11 de agosto y la toma de lectura fue 7 días después (18 de agosto) donde se detectó que el usuario presentaba un consumo de 25 m3 y según las lecturas previas marcaban cero.

 

El representante de la empresa auditora explicó que fueron más de 8 años los que el usuario estuvo presentando cobros irregulares, pero la ley marca que solamente se pueden determinar por 5 años.

 

En conclusión, se tiene que el usuario ha omitido el pago por consumo de agua como lo señala la Ley de Ingresos del Estado.

 

Por último, el representante de Fisamex y la titular de Honestidad, invitaron al Presidente de Coparmex Mexicali, a que acuda a regularizar su situación y que participe en mesas de trabajo con la SHFP.

 

"Sería una pesadilla que regresaran los panistas a Baja California, ya sea con su partido o disfrazados, es triste saber que la gente regresaría ahí por un engaño, me refiero a que se incrusten panistas en el próximo gobierno”, aseveró el gobernador Jaime Bonilla Valdez.

 

Expresó que el gobierno a su cargo se ha dedicado a informar todos los días a la comunidad y que se ha caracterizado por ser una administración abierta siempre con el pueblo.

 

“Aquí en Centro de Gobierno pasan señores, señoras con sus hijos, que nos quieren saludar, tomarse una foto o recibir atención por alguna gestión, ahorita precisamente está el movimiento Antorcha Campesina, pidiendo agua, son 2 mil colonias y muchas son asentamientos irregulares, pero con todos ellos se trabaja”, compartió.

 

El jefe del ejecutivo estatal dijo que la gente se queja porque tiene razón y derecho a tener agua, que fueron olvidados por las pasadas administraciones, en este sentido, hizo énfasis en la insistencia de su gobierno porque los “aguachicoleros” paguen el agua y cumplan con la obligación que tienen.

 

Al referir el adeudo que ante el organismo de agua mantiene el Presidente de la Coparmex Mexicali, Octavio Sandoval López, señaló: “Claro que se enojan, eso es lo que han hecho toda su vida, proteger a sus miembros, los intereses de ellos”.

 

Al compartir un video, ya pasado, donde se observa al ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, caminar a paso acelerado, esquivando a la prensa de cuestionamientos, cuando aún estaba al frente de la administración estatal, Bonilla Valdez arremetió: “Imagínense que regresaran, qué pesadilla para Baja California… Ya ven que no pudieron ganar, entre el PRI, PAN, PRD, no sacaron 11 puntos”.

 

Sobre los panistas también comentó: “Ya sabemos que tenemos detractores... Ahí están afuera respirándonos en los oídos, buscando integrarse en el próximo gobierno, pero estoy seguro que nuestra gobernadora electa sabrá poner un alto a todos esos ambiciosos que han vivido sistemáticamente del gobierno y que han robado por muchos años”.

 

Bonilla Valdez, dijo que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estará muy pendiente de Baja California, con el nuevo cambio de gobierno de la administración estatal.

.- El gobernador Jaime Bonilla Valdez,
constató los avances en la obra en proceso del Centro de Justicia Penal, también
llamado “Nueva Ciudad Judicial”, en el que en pocas semanas ocuparán espacios
la Secretaría General, la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Baja
California en esta ciudad.
En el sitio, ubicado estratégicamente al lado sur del bulevar 2000, a corta distancia
del nuevo Centro de Gobierno del Estado en la zona de El Florido, la titular de la
Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial
(SIDURT), Arq. Karen Postlethwaite Montijo, ofreció una amplia exposición del
proyecto y los usos de los inmuebles, que incluirá un área para el SEMEFO.
El monto de inversión es de 106.0 millones de pesos, los inmuebles ocupan una
superficie de construcción de 9,279 m2, contará con un espacio de 14,577 m2 para
estacionamiento; es de fácil ubicación, con rampas de acceso al circular de norte a
sur en dirección Rosarito-Tijuana, en la zona de acelerado crecimiento poblacional.
Como parte de este importante proyecto liderado por el jefe del Ejecutivo estatal, el
Poder Judicial del Estado tendrá también a su cargo un amplio espacio para el
Servicio Médico Forense (conocido por sus siglas como SEMEFO), a fin de resolver
el añejo problema de insuficiencia en las viejas instalaciones actuales en el bulevar
“Fundadores”.
Así, el mandatario estatal da respuesta y solución a la recurrente demanda de
vecinos en los alrededores del SEMEFO que no fue atendida en los últimos quince
años, por lo menos. En este nuevo espacio en “Centro de Justicia Penal” o “Nueva
Ciudad Judicial”, personal del SEMEFO dará trato digno a los cuerpos de los
finados, como también a los familiares que acudan a realizar trámites inherentes a
cada caso.
Durante la visita y recorrido del gobernador Bonilla Valdez por las nuevas
instalaciones, estuvo acompañado del Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López,
Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado; del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Lic. Miguel
Mora Marrufo; del Secretario de Salud del Estado, Alonso Oscar Pérez Rico y del
Fiscal Central de la FGE, Hiram Sánchez Zamora, además de otros funcionarios de
las citadas instituciones.