TIJUANA, B.C., 26 de febrero de 2021.- En apego a la legalidad y la transparencia, la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) de Baja California a través del departamento de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública, supervisa este año 74 obras públicas estatales, que representan un monto económico por el orden de los $199 millones 249 mil pesos.

La titular de la SHFP, Vicenta Espinosa Martínez, detalló que del total de las obras fiscalizadas, 21 corresponden a Mexicali y representan un monto de $46 millones 742 mil pesos; en Tijuana son 24 obras con una inversión de $20 millones 451 mil pesos; 11 obras en Tecate con $30 millones 894 mil pesos de inversión, así como 18 obras en el puerto de Ensenada con inversión de $101 millones 160 mil 701 pesos.

Indicó que las obras públicas en supervisión corresponden a las siguientes dependencias: Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial, Secretaría de Integración y Bienestar Social, la Junta de Urbanización del Estado de Baja California, así como la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Como parte de este proceso de fiscalización, la secretaria refirió algunas obras, por ejemplo, en Mexicali, por INIFE, la construcción del edificio "A", "B" y "C"; y plaza cívica para el Centro de Atención Múltiple No. 6, que tiene un avance del 65% y es posible a través de una inversión de $ 7 millones 500 mil pesos.

En el caso de UABC, la obra de remodelación del Laboratorio de Simulación y Destrezas de la Facultad de Medicina para el campus Mexicali, la cual está finalizada, así como el suministro y colocación de sistema de aire acondicionado para el edificio de la Vicerrectoría y Posgrado del campus Mexicali, que tiene un avance del 24%.

La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz exhortó al gobernador Jaime Bonilla Valdez a que instruya al secretario de Seguridad Pública del Estado, así como a los alcaldes de los cinco ayuntamientos, a que informen la forma en que cada ente, da cumplimiento a la obligación de otorgar pensión a familiares y dependientes económicos que le sobreviven a los policías de sus respectivas competencias, que fallecieron en cumplimiento de su deber, o por cualquier diversa razón.
Mencionó en su exposición de motivos que, como ya se ha manifestado en diversas ocasiones en esta Tribuna, las prerrogativas de seguridad social revisten, verdaderos derechos humanos, cuyo cumplimiento, otorgamiento y reconocimiento, debe ser una prioridad, para todas las autoridades.
“Cierto es que en esta materia y máxime para las y los policías que integran las diversas corporaciones estatales y municipales en nuestro Estado, y más en el periodo de 2019 a 2020, se ha avanzado considerablemente, pues como recordaremos, en una loable suma de esfuerzos se aprobó hace poco, una de las leyes más derecho humanistas de la historia de este Congreso del Estado: la nueva Ley de Seguridad Pública”, enfatizó.
Luego resaltó que este cuerpo normativo, representa el reconocimiento y dignificación de todas y todos los elementos policiales que día a día, dan literalmente su vida por la sociedad, y que enaltecen su lema “para proteger y servir”.
“Vamos avanzando, -dijo- y poco a poco se va saldando el adeudo que como gobierno teníamos con nuestros héroes de sangre azul, hoy ya estamos en un panorama en donde la adquisición de créditos para vivienda, becas para sus hijos, prótesis garantizadas para los que las requieran y demás, son ya una verdad jurídica”.

Puntualizó que en las corporaciones policiales del Estado de la Guardia Estatal, Ministerial y Sistema Penitenciario, así como en las pertenecientes a los Ayuntamientos del Estado, aún existen personas en estado de viudez y dependientes económicos de elementos que perdieron su vida, y que carecen de un apoyo económico que les permitan gozar del derecho humano de seguridad social, como es la pensión por viudez u orfandad, aun cuando era una obligación contenida, incluso en la anterior Ley de Seguridad Pública.