Con el objetivo de incrementar el cumplimiento en materia tributaria, el diputado Julio César Vázquez Castillo, presentó iniciativa para establecer en el Código Fiscal del estado, que el Recaudador de Rentas del Estado autorice el pago de créditos fiscales en especie y así impulsar el cumplimiento de pago de contribuciones.

El legislador inicialista propone que en el artículo 28 del Código Fiscal del Estado de Baja California, donde se reconocen como pago de los créditos fiscales en efectivo o en especie cuando así lo autorice la autoridad fiscal, se especifique quien es el encargado de determinar o autorizar el pago en especie, al ser una de las formas de cumplimiento fiscal que puede ser explotado para un beneficio común.

Explicó que, gracias al pago de las contribuciones previstas en la Constitución, es que se tiene la posibilidad de invertir en aspectos prioritarios como alumbrado público, educación, salud, impartición de justicia, seguridad, obras públicas, apoyos sociales, entre otros.

Es decir, que con el pago de las contribuciones el gobierno, debe dar cumplimiento a las necesidades que la sociedad tiene, en pocas palabras, la recaudación se destina al bien común.

De igual forma aclaró, que en la actualidad existe una diversidad de contribuyentes, que están atravesando una dificultad económica y que se les dificulta el pago de las contribuciones en efectivo, pero que el pago en especie puede ser una solución a sus problemas fiscales, entendiendo que este método de pago solo podría realizarse previa autorización que en su caso haga el Recaudador de Rentas previa opinión favorable que la Secretaría de Hacienda realice.

Ante las irregularidades administrativas por más de 500 millones de pesos que se detectaron en el gobierno de Jaime Bonilla durante los dos únicos años de su administración el Congreso de Baja California rechazó las Cuentas Públicas 2020 y 2021.

Por la gravedad en el manejo del erario detectadas en la fiscalización de los auditores, se procederá presentar denuncias penales en la Fiscalía General del Estado y quejas administrativas ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

La Auditoría Superior del Estado señaló entre los principales hallazgos un déficit presupuestal por 210 millones 546 mil pesos, la contratación directa, sin Licitación Pública, de bienes y servicios a 29 proveedores por 510 millones de pesos y la falta de evidencia de recepción por 13 millones de pesos de colchonetas, desayunos y equipos de cómputo durante pandemia, tiempo en el que se registró la cancelación de clases en escuelas públicas. Los secretarios de Educación en esos periodos fueron Catalino Zavala y Solís Benavides, quienes en la actualidad fungen uno como secretario General de Gobierno y el otro como titular de la misma entidad pública en la administración de Marina del Pilar Ávila.

Se incumplió con las leyes de Hacienda y de Ingresos del Estado de Baja California al omitir el pago de impuestos sobre la recaudación del Impuesto a las Remuneraciones al Trabajo Personal del Fideicomisos Empresarial del Estado de Baja California (FIDEM) por 191 millones 490 mil pesos, un adeudo al Fideicomiso Público para la Promoción Turística del Estado de Baja California (FITUR) por la recaudación del Impuesto sobre Servicios de Hospedaje por 184 millones de pesos y el pago ilegal de 274 mil pesos por trabajos no ejecutados

La administración de Bonilla Valdez mantuvo en su contabilidad a cinco fideicomisos con un saldo contable de 6 millones 115 mil pesos, al 31 de diciembre de 2021, sin que se hayan realizado las gestiones para iniciar el proceso de extinción, tampoco se proporcionaron las conciliaciones mensuales de dos fideicomisos sin estructura orgánica y contratos análogos con un saldo contable de 15 millones de pesos.

En el gobierno de Jaime Bonilla se otorgó el mismo día que se contrató a 136 empleados de la burocracia y a 50 empleados se les basificó en menos de un año, lo que contraviene la Ley del Servicio Civil.

Además de la falta de integración de la población objetivo y la atendida, desagregada por sexo y grupo de edad en los padrones de beneficiarios de programas sociales del Bienestar, no hay registro en pasivo de contrato plurianual de la Planta de Generación de Energía Fotovoltaica de compra-venta de energía eléctrica por 37 mil 529 millones de pesos ni tampoco el expediente administrativo sobre la situación jurídica del contrato plurianual, constancias de inversión firmadas por el gobierno estatal sobre gastos realizados por el proveedor sin evidencia física por 6 mil 493 millones de pesos.

Se detectaron 73 cuentas bancarias inactivas por un importe neto de 24 millones 281 mil pesos y 23 cuentas de instituciones bancarias con saldos contrarios a su naturaleza por 577 millones de pesos.

De la revisión de las cuentas por pagar se presentaron observaciones por un saldo antiguo en cuentas de pasivos por 423 millones de pesos, así como una Nómina de Bono variable sin retención del Impuesto sobre la Renta y sin normatividad para otorgar esa prestación por 9 millones de pesos.

Además de la falta de estados financieros del Fideicomiso Público de Inversión y Administración para la Operación del Programa Escuelas de Calidad (FIPEC) incorporado en la contabilidad de la Entidad por 191 millones de pesos.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico, la morenista Alejandra Ang, advirtió que las observaciones son recurrentes, algunas de ellas son faltas graves que no se atendieron y recordó que inició la Legislatura, en 2021, se encontraron situaciones que se convirtieron en denuncias penales como es el caso de la planta de generación de energía fotovoltaica que se hizo de manera irresponsable.

Le legislador de Morena comentó en entrevista que al revisar las cuentas públicas se busca ir mas allá de la denuncia e investigación sino acercarse a las entidades para saber por que no se atienden las observaciones recurrentes, ya que muchas veces son graves y ameritan una denuncia penal o sanciones administrativas.

Ang dijo que en esa Comisión en la que participan las diputadas morenistas Michel Sanchez Allende y Araceli Geraldo, la panista Amintha Briceño, y el petista Julio Cesar Vázquez, se han revisado las Cuentas Publicas 2019, 2020 y 2021 y hay antecedentes de temas recurrentes.

En tanto, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, diputada Alejandrina Corral, se pronunció porque se de seguimiento a las observaciones y vayan más allá de aprobar o no las Cuentas Públicas porque se trata solo de un castigo público, sino ver qué pasa con el Órgano Interno de Control o si la Secretaría de la Honestidad está a gusto en su escritorio ya que su obligación es saber si hay presunción de un delito o una falta grave

No he visto juicio político ni denuncia penal o administrativa de lo que se hizo la Auditoria Superior del Estado porque la situación va a seguir igual si ve que no pasa nada con los funcionarios porque debe haber algún sancionado ya que la única manera de inhibir los delitos y la corrupción es que haya sanciones.

El Congreso del Estado aprobó un exhorto, dirigido a la alcaldesa de Mexicali Norma Alicia Bustamante Martínez, para que se intensifique la limpieza y el cercado de lotes baldíos y casas abandonadas con basura, por parte de los propietarios o poseedores, con la finalidad de prevenir focos de infección, actos o hechos de inseguridad, así como evitar la propagación de incendios.

La propuesta de exhorto aprobado fue promovida por la diputada del PAN, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, quien en una amplia fundamentación señaló que los predios abandonados no solo son un riesgo sanitario, también un peligro por la frecuente generación de incendios. 

Citó que la Dirección de Bomberos de Mexicali, atiende un promedio de 450 incendios de basura al mes, la mayoría de ellos en terrenos baldíos, mientras que la Dirección de Servicios Públicos de Mexicali, en meses pasados levantó un censo identificado alrededor de 10 mil predios descuidados, de los cuales se observó que unos 5 mil predios son lotes baldíos, mientras que otros 5 mil se trata de casa deshabilitadas, mismos que se encuentran invadidos en su mayoría por basura.

La legisladora dijo que debemos impulsar acciones que tengan como objetivo, evitar focos de infección que afecten la salud, al mismo tiempo se eviten incendios que muchas veces se vuelven incontrolables, causando daños importantes incluso a los vecinos colindantes, eliminando con ello a su vez, las guaridas de delincuentes, ya que son muchas situaciones negativas que provoca un lote baldío abandonado. 

Añadió que la Dirección de Servicios Públicos, ha llevado a cabo exhortos, notificaciones y multas a propietarios de lotes baldíos con basura y por tirar basura en predios abandonados, sin embargo, la problemática y los focos de infección aún son muchos. “En Mexicali contamos con más de 8000 predios con basura, que aún no han sido atendidos, falta mucho por hacer para erradicar esta problemática ambiental que nos afecta directa e indirectamente”, puntualizó la diputada.

Con este acuerdo aprobado, se pretende que el municipio redoble esfuerzos para llevar a cabo de manera urgente, la ejecución de acciones de limpieza o cercado de lotes baldíos o con construcciones en desuso, cuando su propietario o poseedor siendo requerido para realizarlas, omita llevarlas a cabo en el plazo que se le conceda, con la finalidad de prevenir focos de infección, actos o hechos de inseguridad, así como evitar la propagación de incendios.

Con el objeto de garantizar el secreto profesional del periodista, el Legislador Román Cota Muñoz, presentó una iniciativa para crear una Ley en Baja California en esta materia, que fue turnada a la Comisión dictaminadora respectiva, para su estudio y análisis.

Justificó su proyecto de Ley, considerando la importancia que este ejercicio tiene, ya que es una tarea valiente y necesaria en una sociedad democrática, y los periodistas a menudo se enfrentan a desafíos considerables, incluida la presión de las autoridades y otros actores, con el fin de exponer hechos relevantes y mantener al público informado.

Por lo tanto, la protección del secreto profesional, no solo defiende sus derechos individuales, sino que también contribuye a garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en la sociedad.

Destacó que, muchas naciones democráticas han reconocido la importancia de regular y proteger este derecho.

Por ejemplo, la Conferencia de Ministros de Europa ha emitido diversas resoluciones y recomendaciones desde el año 2000 en apoyo a esta causa; y del mismo modo, países como: Argentina, Paraguay, Uruguay y los Estados Unidos han establecido normas constitucionales y legales que salvaguardan este derecho fundamental.

Esta iniciativa que se presenta, es un paso significativo para asegurar que nuestro Estado esté alineado con estos estándares democráticos y promueva un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo independiente y valiente, enfatizó.

Cota Muñoz sostuvo que esta Ley no busca limitar la capacidad de las autoridades para llevar a cabo investigaciones legítimas o ejercer el debido control, sino establecer un equilibrio entre la protección de la fuente periodística y la necesidad de mantener informada a la sociedad.

Además, la inclusión de un capítulo de sanciones para los servidores públicos que no respeten estas disposiciones, refuerza la efectividad de esta normativa y asegura el cumplimiento de sus objetivos.

Dado el contexto de actos agresivos documentados a nivel nacional en contra de periodistas en el ejercicio de su profesión, mencionó que es fundamental que esta Ley también incluya mecanismos efectivos para sancionar a aquellos que violen el secreto profesional del periodista. Esto no solo los protege y a sus fuentes, sino que también fomenta un clima de respeto por la libertad de prensa y la rendición de cuentas.

Hizo hincapié en que la presente iniciativa que crea la Ley del Secreto Profesional de Periodistas para el Estado de Baja California, ya había sido presentada en fecha 27 de septiembre de 2018, la cual no contó con un Dictamen de la Comisión del ramo, a la cual le fue turnada en su momento.

“Sin embargo, al reconocer lo significativo que representa hacia la protección y promoción de la libertad de expresión, la transparencia y la democracia en nuestro Estado, la hacemos propia, con el objeto de contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas y al empoderamiento de las y los ciudadanos a través del acceso a información veraz y relevante”, concluyó.