En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, presentó el dictamen número 73, correspondiente a la iniciativa de reforma al artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que fue aprobado por mayoría.

La propuesta de reforma fue presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, para insertar en el Código antes mencionado, al artículo 132, el nombrar a un asesor jurídico de oficio, cuando el ofendido o víctima no sea localizado, a fin de que en su nombre realice las intervenciones correspondientes en las etapas del proceso penal y no dejarlo en estado de indefensión.

Sin embargo, en la práctica como lo hemos estado mencionando muchos de esos ofendidos o víctimas ya no se encuentran en su domicilio, no se pueden localizar para hacer de su conocimiento la continuidad de su proceso hasta su culminación. Y en el numeral 110 de la Codificación multirreferida no hace alusión que sucede en esos casos.

Por lo que, al realizar el análisis de la propuesta, la Comisión consideró jurídicamente procedente la reforma planteada por la inicialista, refiriendo que, tanto a nivel Constitucional, como de la codificación procesal, se garantizan los derechos de los ofendidos y víctimas de un delito, siendo uno de esos derechos que además de contar con la institución del Ministerio Publico también deben de contemplar con la figura de asesor jurídico.

Analizado lo anterior, esta Comisión advierte de manera clara que la propuesta legislativa tiene bases y soportes constitucionales, asimismo la iniciativa se encuentra encaminada a reformar una disposición de competencia federal, por lo que la inicialista en el uso de sus facultades, presentó la iniciativa ante esta Soberanía, solicitando haga suyo el planteamiento legislativo, con la finalidad de que sea remitida al Congreso de la Unión.

En sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, fue aprobada la iniciativa presentada por la Dip. Daylín García Ruvalcaba, que pretende reformar los artículos 2, 8 y 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California.

Con esta iniciativa, se busca implementar las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno abierto a través del uso de Contratos Marco como alternativa a las licitaciones públicas para ser proveedor del estado.

Otro eje toral de esta reforma, es la apertura a la ciudadanía de todas las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios, a través de su trasmisión en vivo en redes sociales, en aras de que los ciudadanos sean testigos en primera persona del debido ejercicio del recurso que ellos han aportado.

Asimismo, la reforma al Artículo 8 de la Ley, pretende dar prioridad a empresas con domicilio fiscal en Baja California para la asignación de contratos de servicios o proveeduría hacia el Gobierno.

En conjunto, las reformas aprobadas en comisión son parte de un esfuerzo por la Dip. García Ruvalcaba para fortalecer las cadenas de proveeduría dentro del estado, y transparentar la cuenta pública del mismo, haciendo de Baja California un estado modelo en rendición de cuentas e integración económica local.

Con la intención de establecer un mecanismo que facilite a las personas con alguna discapacidad presentar denuncias de manera segura en casos de violencia, la diputada Santa Alejandrina Corral Quintero, presentó una iniciativa para reformar los artículos 14 y 24 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, para determinar la obligación de la dependencia de establecer mecanismos alternativos para la debida atención a este sector de la población.

En la exposición de motivos, expuso que la ciudadanía tiene un papel fundamental en los procesos tendientes a iniciar las investigaciones, con el propósito de castigar a los responsables de delitos y prácticas de corrupción, pues es a través de la cultura de la denuncia que se logra dichos objetivos, por lo que resulta de suma importancia que se dé a conocer o se informe sobre los diferentes procesos para llevar a cabo las denuncias.

Razón de lo anterior, con la propuesta legislativa, se propone reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para asentar la facultad del Fiscal General de establecer, aprobar y publicar los mecanismos de presentación de denuncias y atención ciudadana de la Fiscalía General y las fiscalías especializadas.

También refirió que se propone modificar el artículo 24 para quedar como sigue: la Fiscalía General y las Fiscalías Especializadas contarán con un mecanismo de denuncias ágil, expedito y rápido, con el fin de dar acceso a la información rápida y útil para denunciantes, victimas y público en general, así como brindar información, a efecto de que se agilicen trámites e investigaciones. Dicho mecanismo será aprobado por el Fiscal General y se hará del conocimiento público a través del Periódico Oficial del Estado de Baja California y programas de difusión.

Asimismo, establece que, para la debida atención a personas con discapacidad, establecerá mecanismos alternativos que faciliten la presentación de denuncias por vía telefónica o por internet, contando además con personal especializado que podrán acudir a los domicilios de dichas personas para auxiliarlos en la presentación de denuncias o trasladarlos a los lugares donde puedan presentarlas

Señaló también que con la intención legislativa que se propone, ayudará a que los próximos denunciantes tengan la certeza del proceso a seguir en las futuras denuncias y por otro lado, tomar acciones de inclusión para las personas con discapacidad al contemplar un mecanismo que les permita o facilite la presentación de denuncias a través de medios alternativos.