A partir de enero 2024 en Ensenada, iniciará la aplicación del Sistema de Justicia Cívica, informó el alcalde Armando Ayala Robles, durante la inauguración del Foro Regional de Policía y Justicia Cívica en Baja California.

En el Salón Casino del Centro Social, Cívico y Cultural Riviera, el presidente municipal Ayala Robles celebró esta iniciativa del Consejo Ciudadano de Seguridad, ya que congregó a distintas autoridades y personal de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno. 

El alcalde resaltó que parte de las estrategias para aumentar la seguridad ciudadana e impulsar la paz social, se ha enfocado a proyectos para mejorar los espacios públicos de recreación y deporte, la promoción de la cultura y el deporte, los servicios públicos en las colonias y la infraestructura vial.

Otro de los temas que se han impulsado, dijo, es la prevención del delito, la capacitación y atención de los elementos policiacos, mejorando salarios, invirtiendo en equipamiento y uniformes, el CM5, así como actualizando la seguridad social de la corporación.

Armando Ayala refirió que para mejorar las condiciones laborales de los policías, con el apoyo de la iniciativa privada, el estado y la federación, durante su gestión se adquirieron  80 unidades, se pusieron en operación 20 torres de vigilancia, las 600 cámaras de videovigilancia que se suman a las 140 que instalará el gobierno municipal. 

Asimismo, el consejero presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California, Roberto Quijano Sosa, apuntó que este sistema de justicia está enfocado a los problemas entre ciudadanos, haciendo que todo se centre en la dignidad de las personas, tanto si comete una falta como un delito.

Enfatizó que Ensenada ha sido pionera en muchos temas, como la justicia cívica, por lo que se ha comprometido con el alcalde para que el Consejo Ciudadano esté cercano al Gobierno Municipal y al Congreso de Baja California para promover los recursos necesarios para la aplicación de este sistema.

Consideró que a nivel estatal, este municipio puede ser un semillero de buenas prácticas de justicia cívica, lo que ayudará a solucionar las problemáticas sociales de la mano con los expertos.

Tras agradecer la invitación al foro, Jett Thomason, cónsul de Asuntos Políticos en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana, mencionó que las buenas prácticas de la justicia cívica y la seguridad ciudadana permiten tener una sociedad estable y próspera sobre cimientos de confianza entre el gobierno y su comunidad.

“Como servidores públicos, es nuestro deber velar por sus derechos, su bienestar y su futuro, por lo que desde el 2020 el USAID ha trabajado en conjunto con los gobiernos municipales para implementar el modelo de Policía y Justicia Cívica y sus diversos componentes”, comentó.

Para su aplicación, dijo Thomanson, es primordial que primero tengamos una estrategia sólida, por lo que este foro es ideal para crear soluciones y fomentar alianzas duraderas, así como seguirnos formando para mejorar y hacer eficiente este sistema.

 

Justicia cívica entrará en vigor en el 2024

Para ampliar los detalles del Sistema de Justicia Cívica, Iván Barbosa Gutiérrez, subsecretario del Ayuntamiento de Ensenada, mencionó que para el Gobierno Municipal es vital informar a la población en qué consiste, para qué sirve y cuáles serán los beneficios una vez que entre en vigor.

Informó que el Sistema de Justicia Cívica se implementará a partir del 1 de enero de 2024, gracias a la iniciativa presentada por el alcalde Armando Ayala Robles, misma que ha permitido tener estrecha colaboración con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Enfatizó que en este trabajo conjunto, se ha contado con el respaldo del Consejo y el Comité Ciudadano de Seguridad de Baja California, a fin de impulsar la capacitación constante de los y las policías municipales, jueces calificadores y personal de asistencia técnica para la adecuación normativa necesaria para su ejecución.

“Es un hito trascendental para la transformación que necesita Ensenada, que contribuirá para tener una sociedad más justa”, expresó.

Barbosa Gutiérrez, consideró que el Foro Regional de Policía y Justicia Cívica facilitará el intercambio de experiencias, prácticas, estrategias y conocimientos en la materia.

 

¿Qué es la Justicia Cívica?

Durante el foro, se dio a conocer que en México nueve de cada diez conflictos tienen consecuencias, desde discusiones, insultos, hasta heridas y daños materiales, mismos que de no atenderse a tiempo pueden escalar hasta graves niveles de violencia.

Por ello, el Modelo de Justicia Cívica tiene como objetivo mejorar la convivencia comunitaria, a través de mecanismos de mediación y prevención, a fin de evitar que los conflictos terminen en conductas violentas o delictivas.

Esto mediante cinco ejes: juzgado cívico, audiencia pública, policía cercana a la ciudadanía, medidas para mejorar la convivencia y mecanismos alternativos de solución de controversias, mismos que atenderán temas como discusiones vecinales, faltas administrativas, riñas o agresiones, desorden público y consumo de sustancias tóxicas en espacios comunes, entre otros.

Participaron en la apertura de este foro, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, secretario de Seguridad Ciudadana de Baja California; Edgar Hernández González, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Baja California en Ensenada y Lucía Aguirre Inzunza, directora de Desarrollo Económico Municipal.

Con el objetivo de que la industria hotelera y el de las aplicaciones que ofrecen habitaciones en viviendas para uso vacacional, se sumen a lucha contra el tráfico de personas y que no se conviertan en focos de riesgo para niñas, niños y adolescentes, relacionado al tráfico sexual infantil, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa mediante la cual se adicionan diversos capítulos al Código Penal para el estado de Baja California. 

En la propuesta, que fue turnada a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, la legisladora considera que es necesario que en el Código Penal estén ampliamente tipificados los delitos que impactan los derechos de niñas, niños y adolescentes para protegerlos de los delitos sexuales, mejorando los mecanismos de prevención, pero también de investigación y sanción a las personas que los cometan.

Externó que México es uno de los países que encabezan las modalidades asociadas a la trata de personas, principalmente la explotación sexual infantil y corrupción de menores, cabe recordar que en 2018, ocupó el primer lugar a nivel mundial en consumo de pornografía infantil, así como el segundo lugar en producción y distribución mundial en América Latina de este material, por su parte la CNDH  estima que el número de personas víctimas puede alcanzar entre 50 mil y 500 mil, datos que son sumamente alarmantes. 

Otro punto importante -dijo-, es reconocer que en el negocio del turismo se ha detectado que en ocasiones se propician estos delitos, máxime en hoteles, moteles, establecimientos de renta por plataformas de internet como Airbnb, que si bien es cierto las personas prestadoras de estos servicios turísticos no son responsables de las conductas de los clientes, sí pueden incidir para evitar dichos ilícitos, por lo que la diputada Araceli Geraldo subrayó la importancia de insistir en el tema de la protección de los menores para reducir de manera integral y eventualmente eliminar la trata infantil, sobre todo en zonas turísticas, como son las ciudades de Tijuana, Rosarito y Ensenada en el estado. 

“Debe de actuarse de manera rápida y sólida a través de los tres órdenes de gobierno, entre las acciones que pueden realizarse son la coordinación interinstitucional, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, con las cadenas hoteleras y empresas de hospedaje, para buscar un código de conducta, acciones, intervenciones, entre otros, a efecto de aminorar la incidencia delictiva de esta índole, por lo que consideramos que los prestadores de servicios turísticos, deben de estar obligados a poner en marcha un protocolo de acción que proteja a las y los menores”, finalizó.

Con el objeto integrar a todos los grupos vulnerables de la sociedad a los impulsos de empoderamiento, participación, promoción y capacitación en las áreas del emprendimiento, así como mantener actualizadas las denominaciones de la ley en términos de igualdad e inclusión, la diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó iniciativa de reforma a los artículos 25 y 34, fracción XXIII y artículo 37 fracción VII, todos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Baja California.

La diputada inicialista expuso que esta reforma plantea la inclusión de todos los grupos vulnerables, ya que a pesar de que existe el impulso desde la Secretaría de Inclusión Social para fomentar el empoderamiento de la Mujer en cuanto a su participación, promoción y capacitación en coordinación con dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública, según lo establecido en el artículo 37, de la Ley del Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, este hecho que deja fuera a los demás grupos prioritarios de la sociedad que necesitan ser integrados también para brindarles las herramientas necesarias para mejorar su condición de vida y la de sus familias.

Bajo esa óptica, indicó que el marco normativo vigente define a los grupos de atención prioritaria como los sujetos que tienen derecho a recibir apoyos tendientes a disminuir su desventaja social, estableciendo que los programas dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad son de interés público para la Política Nacional de Desarrollo Social, por lo que en la iniciativa propone impulsar el empoderamiento de las mujeres, así como de los adultos mayores, personas con discapacidad, personas miembros de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Por lo anterior, la diputada inicialista subrayó la necesidad de que las diputadas y los diputados mantengan la vanguardia legislativa que auxilia e impulsa un cambio de conciencia en la sociedad, procurar el respeto, la tolerancia y la inclusión de todas y todos.   Dado que los grupos de atención prioritaria son aquellos núcleos de población que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.

El Pleno del Congreso, aprobó el exhorto dirigido principalmente al Titular del Poder Judicial del Estado, Magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, para que los jueces se cercioren al momento de resolver sobre una prescripción positiva o jurisdiccional voluntaria, que los predios no se ubiquen al margen de algún dren o canal.

La diputada Daylín García Ruvalcaba; como promovente de este tema, comentó sobre la urgencia de tener una ciudad menos contaminada y más organizada en el tema del sistema de drenajes y pluviales, ya que las numerosas invasiones irregulares ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas. 

“Hay que recordar que los canales y drenes en Mexicali, funcionan para regular el flujo de las aguas de lluvia y las descargas agrícolas, por ello en temporadas de lluvias la ciudad se vuelve un caos al taponearse los drenes, canales y pluviales, provocando inundaciones en colonias, vialidades, la aparición de mosquitos que pueden transmitir varias enfermedades”.

En ese sentido el llamado también se extiende al Titular de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para que en los trámites de inscripción de prescripciones, se cercioren que los predios cumplan con los requisitos de Ley en donde no se afecten bienes nacionales.

De igual manera se exhortó al Titular de la Comisión Nacional del Agua, Director del Organismo de Cuenca Península de Baja California, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, Secretario para el Manejo Saneamiento y Protección del Agua, Director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, así como a las autoridades municipales de Administración Urbana, Departamento de Catastro, y del Instituto Municipal de Investigación y Planeación.

Con el objeto de que todos en la medida de sus atribuciones, colaboren con el Poder Judicial para el cumplimiento de esta solicitud.

Daylín García, aprovechó la Tribuna para reconocer que a raíz de otra Proposición que presentó, se han realizado alrededor de 30 reuniones de trabajo con varias autoridades, para generar acciones jurídicas de colaboración y de gestión financiera, programación y presupuesto, para atender la falta de limpieza y desazolve de los aproximadamente 150 kilómetros de drenes que tiene Mexicali.

La Diputada Julia Andrea González Quiroz, presentó una Iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley que crea la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario de Baja California, con la finalidad de establecer derechos de las y los adolescentes, actualización de denominaciones con lenguaje incluyente y perspectiva de género. 

En dicha norma se establece que esta Comisión debe realizar sus acciones sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de las mujeres y hombres sentenciados, a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. 

De igual forma, tiene como atribución, no solo la administración del Sistema Penitenciario, sino la operación y administración de los Centros de Internamiento para Adolescentes en el Estado, que, acuerdo a la Ley Nacional en la materia,  permanecerán en internamiento las y los jóvenes entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Mexicana y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

En lo que se refiere al artículo 5 de la Ley que se pretende reformar, propone que se incluya a las adolescentes en la garantía de abastecimiento, manejo, administración, control vigilancia y seguimiento de las unidades de abastecimientos de productos, servicios alimentarios y de higiene, incluyendo los de gestión menstrual en los Centros de Internamiento para Adolescentes. 

Así mismo, plantea modificar también el artículo 21, para quedar como sigue: La Comisión para lograr el acceso a servicios y acceso a productos básicos de las mujeres y los hombres privados de la libertad, así como personas adolescentes en internamiento, contará con unidades de abastecimiento que en todo momento procurará cumplir con las necesidades acordes a cada género, mismas que para su debida administración, control y vigilancia, podrá operar mediante fideicomiso o el instrumento jurídico que determine la Junta de Gobierno.