La Cámara de Diputados aprobó por mayoría, el Dictamen 95 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que contiene reformas a diversas leyes en materia electoral del Estado, con el propósito de incorporar acciones afirmativas y restringir el acceso a cargos públicos a personas violentadoras. 

Además se incluye el principio de austeridad en la administración de los recursos administrativos a cargo del Instituto Electoral del Estado (IEE), conforme a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

El diputado Juan Manuel Molina García, al motivar su iniciativa argumentó que uno de los ejes que comprende el Plan de Desarrollo Legislativo es Democracia y Nueva Institucionalidad, en el cual se estableció como objetivo dotar de normas al Estado que generen mecanismos de expresión directa y democracia participativa en función de las necesidades que se viven en la actualidad. 

Las modificaciones a estas leyes tienen su base en preservar la confianza en las instituciones y en las personas que ocupan cargos públicos, “los ciudadanos deben tener la certeza de que quienes desempeñan cargos públicos, son personas íntegras, comprometidas con el bien común y respetuosas de los derechos humanos”, afirmó Molina García.

De esta manera algunas de las consideraciones, van encaminadas a que los partidos políticos deberán nombrar al menos una fórmula de cada una de las poblaciones de atención prioritaria como candidatos para diputaciones y regidurías, esto es; jóvenes de entre 18 a 29 años de edad, personas de la diversidad sexual, y personas con discapacidad, con el fin de que sean debidamente representadas con respecto a sus necesidades.

El inicialista mencionó que esta medida tiene el propósito de alcanzar las mismas aspiraciones de las candidaturas indígenas y afromexicanas; materia que fue recientemente legislada por el Congreso de B.C., a raíz de las Consultas a las comunidades indígenas.

Asimismo se insertan las limitaciones para acceder al cargo de elección popular por tener sentencia firme en delitos contra la vida, la integridad corporal, libertad y seguridad sexual, violencia familiar y violencia política en contra de las mujeres, y ser deudor alimentario. 

Este paquete legislativo también establece que los servicios de asistencia social, en ningún caso podrán ser utilizados con fines electorales, ni condicionarse a participar en eventos proselitistas, recolección de firmas o para la emisión del voto para determinada candidatura.

Por otro lado, se clarifica en la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, el procedimiento para cuando surja una vacante de una magistratura.

Cabe señalar que el Dictamen, recoge el espíritu de las iniciativas en materia electoral presentadas en su momento por las diputadas, Michel Sánchez, Evelyn Sánchez, Monserrat Rodríguez, Amintha Briceño, Alejandrina Corral, Daylín García, el diputado Manuel Guerrero, César González y la iniciativa ciudadana presentada por integrantes de la organización Alianza Inclusiva y Diversa de México. Las cuales se concentraron para respetar los tiempos del próximo proceso electoral. 

De esta manera se aprobó el conjunto de reformas a los artículos 6, 21 y 43 de la Ley de Partidos Políticos, los artículos 7, 21, 27 BIS, 33, 134, 139, 146, 168, 327, 328, y 330 de la Ley Electoral, los artículos 6, 7, 10, 12, y 14, la adición de un Capítulo IX BIS y la adición de los artículos 22 BIS y 22 TER de la Ley del Tribunal de Justicia Electoral, la adición de un artículo 4 BIS a la Ley de Asistencia Social y  los artículos 3, 5, 7, 14, 29, 31, 32, 33 y 34 de la Ley de Participación Ciudadana. 

Resultando lo anterior con 20 votos a favor, 3 en contra por parte de la y los diputados Daylín García Ruvalcaba, Marco Antonio Blásquez Salinas y Sergio Moctezuma Martínez López, y dos votos en abstención de la legisladora Amintha Briceño Cinco y el legislador Juan Diego Echeverría Ibarra.

Junto al secretario de Infraestructura del Gobierno de México, Jorge Nuño, la gobernadora Marina del Pilar anunció la inversión de mil millones de pesos para la carretera de La Rumorosa, extendiendo además la asignación al gobierno estatal de la concesión de dicho tramo carretero para los próximos 30 años.

La mandataria reiteró que esto permitirá mantener en óptimas condiciones la autopista que conecta a la entidad, en favor de las miles de personas que lo transitan diariamente, además de adelantar que se trabajarán en inversiones para otros municipios de la entidad.

A fin de clarificar que la duración del cargo de magistrado electoral es por un periodo de siete años, y evitar un acto de inconstitucionalidad, la diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, presentó iniciativa para reformar la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado.

De acuerdo al artículo 68 de la Constitución Local, el Tribunal de Justicia Electoral de B. C. (TJEBC) se integra por tres magistrados electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de conformidad también con la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Monserrat Rodríguez razonó en su diagnóstico legislativo que actualmente el artículo 12 de la ley mencionada, reitera que los magistrados electorales permanecerán en su encargo siete años, con la salvedad de que a la fecha de concluir su nombramiento, el Senado aún no ha realizado la designación de que se trate, continuarán en su encargo hasta en tanto ésta sea efectuada. 

Dicha excusa ya fue analizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y a pesar de que en Baja California el legislador local así lo haya establecido, dicho Tribunal resolvió que este mecanismo es inconstitucional cuando la permanencia de la magistratura saliente excede los siete años establecidos en la LGIPE.

Además el resolutivo contiene que si bien, las legislaturas locales no tienen facultades para designar a las magistraturas locales, porque se trata de una facultad exclusiva del Senado, sí tiene facultades para regular mecanismos que regirán cuando exista una magistratura vacante, tanto temporal como definitiva.

Esto quiere decir que los congresos locales tienen la plena libertad para determinar el método a seguir ante una vacante de una magistratura.

“En consecuencia, al considerarse inconstitucional el procedimiento de permanencia, es necesario se ajuste la normatividad local, a fin de eliminar el vicio que subsiste”, expuso la legisladora inicialista. 

Por lo cual se propone establecer que en caso de presentarse una vacante definitiva, ésta será comunicada a la Cámara de Senadores para el procedimiento de sustitución, y mientras tanto, la vacante sea cubierta con el Secretario General de Acuerdos del Tribunal o el secretario de ponencia de mayor antigüedad.