La XXIV Legislatura aprobó exhorto dirigido al Fiscal General del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, para reactivar el caso de una carpeta sobreseída, en donde es víctima de violación, una menor de edad, y también para que no se revictimice a la víctima de violencia familiar al no ser debidamente integrada las carpetas suficientes que deberían desprenderse de un dolo delito.

La proposición fue presenta por la diputada Daylín García Ruvalcaba, misma que previo a la lectura solicitó, la mayor atención, sensibilidad y respeto, por el tema que se iba a exponer y sobre todo por las víctimas que se encontraban en el Recinto, mismas que acudieron ante la Asamblea para solicitar el apoyo de las y los diputados con la esperanza de recibir justicia.

“Por petición de las mujeres víctimas presentes, que son valientes y que representan a miles de mujeres de B.C. que no reciben justicia y que no encuentran colaboración institucional para tener la garantía de la reparación del daño y del castigo ejemplar para sus agresores, me permito hacer públicos dos casos muy delicados pero que requieren toda nuestra atención”, dijo la legisladora.

El día 14 de junio de 2023, cuando se observaba en audiencia el delito de violación impropia agravada; cuya víctima es una menor de edad, se ordena el sobreseimiento de la causa penal respectiva, al haber transcurrido el plazo de quince días sin que la Fiscalía haya formulado la acusación pertinente, como consecuencia hoy se tiene a una víctima sin justicia, a raíz de una grave omisión.

Con respecto a la otra víctima señaló que al igual que muchas mujeres, ha sido revictimizada varias veces, ya que la Fiscalía ha desechado carpetas en vez de reciba una denuncia y de ahí se desprendan todos los delitos relacionados, lo ha repercute por ser delitos graves, no solo a la mujer lactante, sino para la integridad de una bebé que posiblemente podría estar en riesgo, agregó.

La omisión por parte de la Fiscalía puede repercutir profundamente en la vida de las víctimas, por ello es necesario activar todos los esfuerzos a fin de dar cumplimiento con la encomienda que este Congreso deposito al actual Fiscal General, para garantizar el acceso a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y de todas las personas que lamentablemente en Baja California, son víctimas de violencia y atentados contra su integridad, concluyó Daylín García.