La H. XXIV Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, emitió un atento exhorto a las y a los titulares de las 32 entidades federativas para que, en el marco de sus atribuciones y facultades constitucionales, giren instrucciones a sus respectivos Secretarios de Seguridad Pública para que fortalezcan las acciones y estrategias en materia de seguridad, en coordinación con el Gobierno Federal en contra de la trata de personas, la pederastia y explotación de menores de edad.
Lo anterior a propuesta de la diputada Araceli Geraldo Núñez, quien refirió que, en datos recopilados por diversas organizaciones como la CNDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ONU, entre otros, se puede observar que millones de menores de edad son víctimas de trata y explotación en todo el mundo, por lo que la magnitud de esta tragedia exige que enfrentemos este problema con decisión y determinación.
Enfatizó en la importancia de que todas las entidades federativas de nuestro país refuercen su marco legal y legislen penas más duras en casos de delitos graves, en especial la pederastia y otros crímenes que ponen en riesgo la vida y bienestar de los más vulnerables.
Razón de lo anterior, propongo que las entidades federativas consideren las siguientes medidas: incrementar las penas y su aplicación rigurosa, protección de víctimas y testigos, sensibilización y educación para fomentar programas de prevención, colaboración interinstitucional entre gobierno y sociedad civil, así como la revisión periódica de la legislación y políticas públicas, para adaptarlas a las necesidades cambiantes de la sociedad y la evolución de los patrones delictivos.
“En un esfuerzo conjunto, las 32 entidades federativas podemos fortalecer significativamente la respuesta del sistema legal ante delitos graves como la pederastia y contribuir a la creación de un entorno seguro y protector para todos los niños y adolescentes en nuestro país. Desde esta Tribuna hago un llamado a mis colegas legisladoras y legisladores y a las autoridades correspondientes, no tenemos que olvidar que nuestro sistema de justicia y nuestras políticas públicas tienen el poder de moldear la cohesión social y la confianza en nuestras instituciones”, finalizó.